EDICIÓN 11/4

ANDRÉS J. BOGARÍN BUSTAMANTE

• Máster en Administración y Derecho Empresarial, Universidad Escuela Libre de Derecho. 

• Bachiller y Licenciado en Derecho, Universidad Escuela Libre de Derecho. 

• Fue asesor y mediador en materia de Derecho de Consumo en la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

• Desde el 2013, se desempeña como abogado asesor y litigante en materia de Derecho de Consumo en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Banco Nacional de Costa Rica.

• Profesor de los cursos Derecho de Protección del Consumidor, Resolución Alterna de Conflictos, Universidad Escuela Libre de Derecho.  

• Profesor de los cursos Teoría de la Empresa, Contratos Mercantiles, Teoría General del Derecho y Derecho del Consumidor en grado de maestría tanto en la Universidad Escuela Libre de Derecho como en la Universidad Latina de Costa Rica. 

• Egresado del programa de Doctorado en Derecho Comercial de la Universidad Escuela Libre de Derecho.

RESUMEN: 

El artículo analiza la evolución de las condiciones generales de la contratación en los contratos de adhesión y la regulación de los controles judiciales de estas en la normativa costarricense.

ABSTRACT: 

The article analyzes the evolution of the general contracting conditions in the   contract of adherence and the regulation of the judicial controls of these in Costa Rican regulations.

SUMARIO:

I. Introducción. II. Antecedentes. III. El contrato de adhesión. IV. Aspectos generales de las condiciones generales de la contratación. V. Naturaleza jurídica de las condiciones generales de la contratación. VI. Modelos para el control de las condiciones generales de la contratación. VII. Control judicial de las condiciones generales de la contratación. VIII. Regulación de los controles de las condiciones generales de la contratación en Costa Rica. IX. Conclusiones. X. Bibliografía.

Palabras clave: 

Condiciones generales de la contratación, contrato de adhesión, cláusulas abusivas, derecho del consumidor, interpretación contractual.

Key words: 

General contracting conditions, contract of adherence, abusive clauses, consumer law, contractual interpretation.

I. Introducción

La evolución en la forma de contratar que se gestó en la Revolución Industrial, provocó un cambio en el paradigma liberal imperante en los códigos decimonónicos vigentes. Las nuevas formas de contratación prescindían de los principios que brindaron las bases del modelo de contratación clásico conocido hasta ese momento, y con ello se da el advenimiento de la contratación en masa.  

El nuevo modelo desecha las negociaciones entre las partes y traslada a una de estas la facultad de predisposición en cuanto al contenido contractual de los negocios, brindado un marco general de contratación el cual se basaba en el criterio del empresario en cuanto a la forma correcta en que se debende contratar los bienes y servicios que este ofertará a una masa indeterminada de posibles adquirentes.  Este nuevo esquema contractual presentaba características peculiares como era la supresión de las negociaciones previas, ambigüedad en la redacción general del clausulado e imposición de este al interesado y potencial contratante.

La implementación de este marco general de contratación trajo consigo beneficios a la nueva industria, pero también provocó asimetrías de poder que provocaron abusos en detrimento de la parte débil que no tuvo la oportunidad de ser parte en la formación del contenido del contrato que pretende suscribir con el empresario. 

En este contexto, se desarrolla el presente trabajo de investigación el cual tiene como propósito analizar dos fenómenos propios de la contratación en masa: el contrato de adhesión y las condiciones generales de la contratación. Asimismo, se realiza un análisis de los modelos de control de las condiciones generales de la contratación y su regulación en el ordenamiento jurídico costarricense con especial énfasis en la Ley N° 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

II. Antecedentes 

Entender qué son las condiciones generales de la contratación, cuáles son sus modelos de control y su regulación; obliga necesariamente a tener claros los antecedentes que impulsaron su desarrollo y consecuente regulación.  

Es importante señalar que previo al advenimiento de la Revolución Industrial, la corriente imperante en los códigos decimonónicos del siglo XIX era permeada por las ideas liberales. Recordemos que la Revolución Francesa, tuvo su fuente de inspiración en los principios, libertad e igualdad de los hombres. Según la doctrina francesa, dichos principios son los pilares que determinan el consentimiento de las partes en la contratación. 

No se puede obviar que el sistema jurídico francés es un referente del movimiento codificador del siglo XIX, el cual a su vez tiene su génesis con la promulgación del Código de Napoleón de 1804. El código de Bonaparte deja los cimientos de los principios básicos de la contratación clásica, entre los cuales encontramos el principio de la autonomía de la voluntad. Tal principio se funda en la condición de la persona misma y su dignidad como ser humano, la cual se encuentra ligada a su libertad. El principio de la autonomía de la voluntad de las partes tiene su fundamento en la posibilidad que ostentan los individuos para obligarse según sus intereses. Esa posibilidad es la expresión de libertad para decidir, a su conveniencia, la forma en que se regulará el acuerdo de voluntades.

Tenemos entonces, que la libertad contractual como manifestación de la autonomía de la voluntad, alcanzó su aceptación y desarrollo más elevado con el liberalismo decimonónico. Esta libertad contractual encuentra su sustento ético en la buena fe, la cual radica en la confianza de que ambas partes honran su palabra en cuanto a cumplir con lo pactado. 

Esta concepción clásica liberal, que conceptualizaba el contrato como el acuerdo entre dos partes que negocian y que discuten el contenido de sus futuras obligaciones en un ámbito de igualdad, llega a ser superada con el acaecimiento de la contratación masificada de los bienes y servicios.

Debemos de tener en consideración que los códigos civiles del siglo XIX fueron redactados en un modelo de sociedad propio de dicha época, el cual estaba basado en la agricultura y en una producción meramente artesanal. El modelo económico imperante era fiel a los principios del Liberalismo, los cuales giraron sobre la idea de libertad, que se plasma en la regulación de la propiedad y el contrato. Diez Picazo (1996), señala que toda teoría general de las obligaciones, vigente hasta ese momento, estaba pensada sobre los esquemas de una economía agraria y de una economía de pequeños comerciantes. 

Con el surgimiento de la Revolución Industrial, aparecen grandes y poderosas empresas que, con su capacidad de producir bienes en serie en forma masiva, transforman la forma de contratar que se venía dando previo a su aparición. Necesariamente el nuevo fenómeno de la masificación obliga a estas nuevas industrias a buscar la mayor cantidad posible de compradores para sus productos. 

Con el paso de la fabricación artesanal a la industrial, se estimula el incremento de la producción. Este incremento impulsa a la nueva industria a buscar un mercado amplio que adquiera dichos productos producidos en masa y que estos sean ofrecidos a un precio razonable. Para poder llegar a un precio razonable y competitivo se limitan y racionalizan al máximo los costos de producción. La disminución de precios, genera las condiciones de mercado que permiten que los bienes puedan ser adquiridos por un sector más amplio de la sociedad y, por ende, su venta se masifica a un vasto grupo indeterminado de potenciales compradores.

La necesidad de limitar y racionalizar al máximo los costos de producción supuso que en la práctica contractual se optara por suprimir las tratativas preliminares y la discusión o negociación del contenido del clausulado, por cuanto implicaban al nuevo modelo industrial un costo económico elevado, el cual con la nueva forma de contratación se veía reducido considerablemente y con ello ocasionó ahorros importantes a la industria emergente. 

Las tratativas preliminares son sustituidas por un nuevo método de difusión de información en un contexto masivo que lleva el nombre de publicidad. En el nuevo contexto contractual, la publicidad permite la divulgación masiva de la oferta a una multitud indeterminada de potenciales contratantes con ello, dejando por fuera las negociaciones y discusiones previas a la celebración del contrato y su alto costo. 

Lo anterior en su momento fue considerado por varios autores como una afrenta directa al principio la autonomía de la voluntad de las partes o lo que otros autores señalan como la aparición de la “Crisis del Contrato”. Estos autores se sustentan en argumentos que resaltan las transformaciones que ha tenido el contrato clásico; entre los cuales podemos mencionar, el conocimiento de la oferta mediante publicidad conteniendo un mínimo de información sobre aspectos esenciales del contrato, la reducción de la autonomía de la voluntad a un simple consentimiento de contratar o no, indiferentemente del clausulado (Suárez, 2015, p. 39). 

La supresión de la discusión entre las partes sobre el contenido del contrato facilita a una de las partes para que predisponga el contenido unilateralmente; usualmente la parte con el mayor conocimiento del bien o servicio a contratar es el que impone a su conveniencia dicho contenido. Esta predisposición del contenido del clausulado ocasionó que el consentimiento se limitará a aceptar o rechazar el clausulado mediante la adhesión al contenido del clausulado predispuesto. He aquí el nacimiento de una nueva modalidad de contratación, que Raymond Saleilles le llama el Contrato de Adhesión (Pagador 1999, p.15). Esta nueva modalidad de contratación en masa se desarrolla a través de unas condiciones uniformes y prestablecidas que, en la práctica, una empresa o grupo de empresas impone a sus posibles clientes, sin posibilidad de modificación ni de discusión.

Espinoza (2012, p. 3), estima que la predisposición del clausulado por una de las partes crea una asimetría de poder. Esta asimetría de poder incide directamente en el equilibrio contractual de las partes. El desequilibrio provocado por esta asimetría motivó abusos en la redacción del contenido del clausulado. 

Se comienza a gestar un análisis sobre los graves abusos que se cometían contra la parte que se encontraba absolutamente desprotegida, frente a la predisposición del contenido con clausulados abusivos. Uno de sus antecedentes son los contratos de trabajo de finales del siglo XIX. En Europa a partir de 1900, como una forma de proteger los intereses de los asalariados mediante la acción del Estado, se promulgan leyes que imponen imperativamente parte del contenido del contrato sin posibilidad de modificarlo.  Las cláusulas que restringen los beneficios que la ley les ha reconocido, como una forma de proteger los intereses de los asalariados. Los derechos concedidos por las leyes laborales a los trabajadores han pasado a ser irrenunciables, de manera que en los contratos individuales carecen de validez las cláusulas que restringen los beneficios que la ley les ha reconocido. 

La protección de la parte que en su posición de inferioridad no pudo negociar el contenido del contrato, se vuelve el norte de las acciones a nivel administrativo y judicial que busca en la medida de lo posible brindar un equilibrio al contrato con condiciones generales de la Contratación. 

III. El contrato de adhesión 

Parte de la doctrina sostiene que todo contrato que incorpore condiciones generales será un contrato de adhesión, por lo que su análisis es importante para comprender las condiciones generales de la contratación. Como se ha señalado anteriormente, el contrato de adhesión es el resultado de la masificación de los bienes y servicios que se desarrolla en la Revolución Industrial y con su llegada se supera el molde contractual de las tratativas preparatorias o precontractuales (Alpízar et al., 2005, p. 272), en consecuencia, se suprime la discusión de las partes sobre el contenido del clausulado. 

La supresión de las discusiones sobre el contenido contractual crea un contrato con un contenido predispuesto el cual obedece a una estandarización de las condiciones contractuales con las que se ha de contratar los bienes y servicios ofertados por el comerciante. La estandarización se plasma en documentos en serie, innegociables y rígidos. En consecuencia, de lo anterior, la doctrina ha llegado a señalar que se llega a suprimir el principio de autonomía de la voluntad, ya que la única alternativa para contratar es aceptar o rechazar las condiciones preestablecidas del bien o servicio. Para los defensores de este tipo de contratación, se agiliza el tráfico mercantil lo que se traduce en mejores tiempos de respuesta del comerciante, para atender las contrataciones que desea eventualmente concretar con una masa indeterminada de consumidores. 

La expresión contrato de adhesión, se ha llegado a emplear para resaltar la imposición del clausulado de un contrato prefijado por un empresario, por lo que podríamos definir al contrato de adhesión, como aquel contrato cuyo contenido es impuesto por una de las partes contratantes sin posibilidad de modificación o colaboración en su confección (Pagador, 1999, p.22).  En Costa Rica, el artículo 2 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, define el contrato de adhesión como el convenio cuyas condiciones generales han sido predispuestas, unilateralmente, por una de las partes y deben ser adheridas en totalidad por la otra parte contratante.

En cuanto a las partes propias de este tipo de contratación en masa, tenemos que entre sus elementos subjetivos se encuentra al predisponente. Este es el que anticipadamente redacta el contenido del contrato en base a su conocimiento sobre el negocio ofertado. El predisponente, el cual es usualmente un empresario, conoce los riesgos asociados al producto o servicio ofertado, así como sus beneficios ya que en su experiencia profesional conoce la forma correcta en que el bien o servicio debe de ser adquirido. Al otro extremo se encuentra el adherente, usualmente un consumidor o usuario, quien al no tener el conocimiento exhaustivo del producto o servicio que desea adquirir no participa en la redacción previa del contenido del contrato y, por ende, se limita a consentir o rechazar su adhesión al contenido que ya ha sido predispuesto. 

Es importante tomar en consideración que, si bien es cierto, todo contrato que incorpore condiciones generales será un contrato de adhesión, no todo contrato de adhesión contiene condiciones generales ya que existen contratos de adhesión con condiciones particulares, como por ejemplo el contrato de seguros. Pese a dicha diferencia, tanto el contrato de adhesión como las condiciones generales de la contratación se refieren al mismo fenómeno de contratación en masa. 

IV. Aspectos generales de las condiciones generales de la contratación

Las condiciones generales de la contratación surgen como una respuesta a los requerimientos derivados de la actividad negocial masificada y de la propia organización empresarial. Hemos señalado anteriormente, que los contratos celebrados por el empresario, con el consumidor o usuario, con relación a los bienes y servicios ofrecidos masivamente en el mercado, se van a efectuar sobre las bases ya prefijadas por el primero. Diez Picazo (1996), señala que estas condiciones uniformes y prestablecidas dan lugar a dos fenómenos diversos, entre los cuales encontramos a las condiciones generales de la contratación. A estas las define como el conjunto de normas o reglas abstractas y unilateralmente dictadas por una empresa mercantil o industrial, o por un grupo de empresas, a fin de que con arreglo a ellas se reglamenten todas las operaciones y contratos que estas mismas empresas o grupos de empresas vayan celebrando en sus actividades comerciales. Esta definición de reglas es previa, de ahí su predisposición, y con la suerte que el consumidor o usuario tan sólo dispone de la alternativa de aceptar o rehusar el contrato que se le ofrece.

Conforme a lo anterior, son condiciones generales de la contratación aquel conjunto de cláusulas redactadas en forma abstracta y general, que se predisponen en contratos en masa con el objetivo de racionalizar y simplificar la actividad negocial y otorgándole con esto al empresario la potestad de redacción del contenido de los derechos y obligaciones de las partes.  

Habiendo definido lo que entendemos por condiciones generales de la contratación, es necesario abordar a través de la doctrina cuales son los requisitos para concluir que estamos en presencia de estas. Martínez Espín (2013), identifica como tales los siguientes: 

a) Contractualidad: se trata de “cláusulas contractuales” y su inserción en el contrato no deriva del acatamiento de una norma imperativa que imponga su inclusión. 

b) Predisposición: la cláusula ha de estar pre redactada, siendo irrelevante que lo haya sido por el propio empresario o por terceros, siendo su característica no ser fruto del consenso alcanzado después de una fase de tratos previos. En particular en el caso de los contratos de adhesión. 

c) Imposición: su incorporación al contrato debe ser impuesta por una de las partes –aunque la norma no lo exige de forma expresa, dada su vocación de generalidad, debe ser impuesta por un empresario-, de tal forma que el bien o servicio sobre el que versa el contrato nada más puede obtenerse mediante el acatamiento a la inclusión, en el mismo, de la cláusula. 

d) Generalidad: las cláusulas deben estar incorporadas a una pluralidad de contratos o estar destinadas a tal fin ya que, como afirma la doctrina, se trata de modelos de declaraciones negociales que tienen la finalidad de disciplinar uniformemente los contratos que van a realizarse.

En cuanto las características propias de este tipo de contrato, tenemos como primera característica la unilateralidad, ya que el contenido del contrato es moldeado por una de las partes, usualmente la que tiene mejor conocimiento o ha desarrollado el negocio que se pretende contratar. Como segunda característica, está la rigidez del esquema predeterminado ya que dicho contrato carece de negociación. La última característica, la predisposición del contenido contractual, el cual presupone el poder de negociación de una las partes frente a otra más débil en conocimiento del negocio ofertado, por lo que a esta parte débil no le queda más opción que aceptar o rechazar el contenido predispuesto unilateralmente.  

Nótese que, de lo anterior, se extrae una diferencia importante entre las condiciones generales de la contratación y el contrato de adhesión. Dicha diferencia radica en que en las condiciones generales se pone énfasis en su predisposición por parte del empresario. Se resalta el momento en el que se redacta previamente las cláusulas que conformarán eventualmente el contenido de los contratos que celebre el predisponente. Mientras que en el contrato de adhesión, se hace énfasis en la imposición del contenido contractual al adherente.

Las condiciones generales de la contratación comparten con el contrato de adhesión los elementos subjetivos: predisponente y adherente. En cuanto a sus elementos objetivos podemos mencionar la predisposición, la forma abstracta de redacción, generalidad, rigidez e imposición.

Para Farina (1994), constituyen uno de los fenómenos más destacados de los contratos mercantiles, pues debido a las características del comercio actual y al funcionamiento y organización de las empresas, resultan necesarias para el desenvolvimiento de las contrataciones en masa. Desde una perspectiva de organización racional de la empresa, implican predisponer un esquema contractual por medio de modelos o formularios que se repetirán en forma indefinida en contratos iguales. 

Las condiciones generales de los contratos se han vuelto un instrumento vital de la planificación económica de las empresas, un medio dinamizador del consumo en masa. 

Entre sus funciones más importantes según Pagador (1999), se encuentran: 

e) Funciones de uniformización o estandarización. Se apoya en el mero hecho de la aplicación uniforme por parte de la empresa, de las condiciones generales de que se trate.

f) Funciones de conquista o reforzamiento de la posición más ventajosa para el predisponente. Es consecuencia de la combinación del contenido concreto y el modo de formular su redacción cuando se realiza de forma abstracta, general y complicada. La imposibilidad del adherente de comprender el verdadero alcance y significado de las condiciones generales.

g) Funciones de mejora empresarial. Las condiciones generales despliegan efectos también con relación a la organización de la unidad empresarial, resultantes directas de la regulación interna y externa de la empresa que las predispone. 

Ciertamente las condiciones generales de los contratos desempeñan funciones importantes de las cuales el modelo empresarial ha podido beneficiarse, pero a su vez ha marcado una evidente asimetría en el equilibrio del contrato.

V. Naturaleza jurídica de las condiciones generales de la contratación

La definición de la naturaleza jurídica de las condiciones generales ha sido objeto de amplio debate. La imposición de las condiciones generales de la contratación al adherente por parte del predisponente generó discusiones que a la postre desarrollaron teorías que se enfocaron en explicar su naturaleza. Cierta parte de la doctrina considera que la implantación de las condiciones generales de la contratación es de origen normativo y otra parte promulga que su origen es contractual.

La primera teoría es la llamada normativista o unilateral. Dicha teoría señala que las condiciones generales de la contratación tienen un carácter semejante a la ley por su obligatoriedad para las partes. Autores como Garrigues (1958), atribuyen a las dichas condiciones generales el valor de usos normativos aplicables como fuente del Derecho Mercantil. Esta posición, conocida como la teoría parcialmente normativista, ha sido criticada con el argumento de que ésta no es compatible con el Estado de Derecho, ya que es erróneo creer que los comerciantes ostentan poder para emitir normas; en consecuencia, las condiciones generales carecen de valor normativo al no estar el comerciante facultado para crear Derecho. 

La segunda teoría es conocida como contractualista pura. Esta indica que las condiciones generales sólo adquirirán fuerza obligatoria cuando pasen a formar parte del contenido del contrato integrado a la normativa contractual. La manera en que pasan a formar parte de contrato se materializa con la inclusión de una cláusula mediante la cual el adherente manifiesta su voluntad de someterse al contenido del contrato. Quienes critican dicha teoría, argumentan que el acto de adherirse al contenido del contrato no representa la existencia de negociaciones ni la aceptación completa a las condiciones generales. 

La teoría contractualista pura tiene una segunda tesis, conocida como Moderada que, además, otorga reglas particulares de interpretación a los contratos adhesión que le brindan mayor protección al adherente. En la teoría Contractualista Moderada son inoponibles las cláusulas de carácter abusivo que sean desconocidas, oscuras, sorpresivas e incomprensibles. 

Como tercera teoría tenemos la llamada mixta. Esta teoría mezcla la normativista, argumentando que el acto de predisposición con el consentimiento expresado en el modelo contractual se asegura que el Estado le permita autorregularse con las condiciones incorporadas en el contrato, las cuales con el acto de adhesión adquieren un valor semejante a la ley. Suárez (2015), señala que la crítica a esta teoría se centra en que el contrato y el reglamento son figuras jurídicas excluyentes entre sí. 

La cuarta teoría y última es conocida como la Teoría del acto negocial tipificado. Esta teoría se apoya en la Contractualista y le añade la vinculación de las condiciones por medio del conocimiento de estas mediante una diligencia ordinaria, pese a que materialmente el adherente no la hubiera en realidad conocido. Se critica dicha teoría por cuanto le da eficacia inclusive a las condiciones que efectivamente no se hayan conocido, basándose en que debieron haberse conocido, cuando en la realidad el adherente no las llega a conocer pese a leerlas o haberle sido entregadas por escrito. 

La teoría que a nuestro criterio explica mejor la naturaleza jurídica de las condiciones generales es la Contractualista Moderada, por cuanto dicha teoría es más acorde a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, ya que dicha norma establece que la eficacia de las condiciones generales de los contratos de adhesión está sujeta a su conocimiento por parte del adherente.  

Si bien es cierto que, las condiciones generales de los contratos han desempeñado y desempeñan una función económica jurídica importante en el mercado, no debe de perderse de vista que con estas se ha llegado incurrir en abusos, lo cual ha propiciado la concientización de las autoridades políticas sobre la implementación de mecanismos legales para proteger al consumidor.

VI. Modelos para el control de las condiciones generales de la contratación

La respuesta a los abusos que se presentaron en el uso de las condiciones generales de la contratación impulsó la creación de controles que permitieran, de alguna manera, combatir el desequilibrio intrínseco que existe entre las partes de un contrato con condiciones generales (Alpízar et al, 2005, p. 266).

Los controles pueden dividirse en dos grandes grupos (Suárez, 2015, p. 78): Control Preventivo y Control Posterior. El primer grupo, hace referencia a los controles voluntarios, administrativos o mixtos. Mientras que, en el segundo grupo tenemos los controles extrajudiciales o judiciales. 

El control preventivo habla de tres controles directos (autocontrol, control administrativo y mixto) y de un control indirecto (el legislativo). El autocontrol, tiene relación con el cumplimiento de códigos de conducta empresarial y de responsabilidad empresarial, mediante los cuales las empresas se comprometen a no violentar principios de buena fe en sus contrataciones. El administrativo, tiene que ver con el rol del Estado de regular de previo las condiciones generales de la contratación, como por ejemplo obtener una autorización administrativa para utilizar dicho clausulado.  En el modelo mixto, el predisponente puede decidir entre someter el contenido del clausulado a la aprobación previa, o utilizarlo sometiendo este al modelo de autocontrol que haya adoptado. 

El control legislativo se materializa con la promulgación de leyes dirigidas a regular el contenido mediante el establecimiento de listas que señalen qué contenido puede considerarse abusivo. Se pretende que el establecimiento de este tipo de normativa persuada al predisponente de abstenerse a utilizarlo. Lo que en la práctica no obsta para que el predisponente ignore dichas listas e igualmente utilice este contenido. En todo caso, el adherente tendrá el respaldo de la normativa para realizar en uso del control judicial que lo protege. 

En cuanto a los controles posteriores, tenemos la posibilidad de acudir a la vía administrativa competente para velar por los derechos de los consumidores, como parte débil de las relaciones de consumo. Asimismo, tenemos la opción de acudir a la vía judicial para dirimir controversias en la aplicación o eficacia de las condiciones generales presentes en contratos formalizados con consumidores que actúan como adherentes. Es importante tener en consideración que, en Costa Rica, solamente acudiendo a la vía judicial se podrá conocer lo referente a la aplicación, eficacia o abusividad de las condiciones generales, ya que la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor le veda la posibilidad a la Comisión Nacional del Consumidor de pronunciarse en tal sentido. 

VII. Control judicial de las condiciones generales de la contratación.

Partiendo de la premisa anterior, en cuanto a que nuestro ordenamiento veda el control posterior de índole administrativa, el estudio del control judicial se vuelve de suma importancia si se pretende conocer del tema en estudio. Este control es realizado por los tribunales de justicia y se aplica en forma directa a las condiciones generales de la contratación, ya sea declarándolas ineficaces o bien interpretándolas (Suárez, 2015, p. 81).

La aplicación de dichos controles judiciales, en muchas ocasiones se materializa en las pretensiones que reclaman la nulidad de ciertas cláusulas porque se estima que existe un desequilibrio entre las partes, por razones de ignorancia sobre la existencia del clausulado y su contenido, por su contenido abusivo o por falta de claridad en la redacción. En la consecución de que se declaren con lugar pretensiones de dicha naturaleza, se vuelve útil, solicitar una revisión judicial de las condiciones pactadas, en aras de que la persona juzgadora utilice los controles de protección de las condiciones generales de la contratación.

Suárez (2015), señala que la mayoría de los ordenamientos que tratan el tema de las condiciones generales de la contratación definen medidas o controles de protección distribuidas en dos tipos. Tenemos a los controles que procuran facilitar la información al adherente denominados controles de inclusión, los controles que permiten a la persona juzgadora interpretar el contenido de forma que busque el adecuado equilibrio de las prestaciones, y los que impiden utilizar ciertos contenidos en el clausulado ya que se consideran contrarios a la buena fe y al justo equilibrio del contrato, este último es conocido como control de contenido.  

En sentido formal, el control de inclusión garantiza una posibilidad de conocimiento de las cláusulas del contrato por parte del adherente. Pretende garantizar el conocimiento efectivo del objeto principal o parte económica del contrato. Este control hace referencia a aquellos requisitos de forma, que dan certeza a que las cláusulas predispuestas llegan a ser parte del contenido del contrato, lo que procura es garantizar a la persona adherente tener un conocimiento de esas cláusulas atribuidas por el contratante, sin embargo, no implica que estas sean efectivamente conocidas por él.

En el control de inclusión, se debe cumplir requisitos de orden formal para que las condiciones generales de la contratación sean incorporadas al contrato. Este control le impone al predisponente redactar las condiciones generales de una forma sencilla, clara y concreta para que con ello se facilite al adherente el entendimiento de estas. Asimismo, debe de realizarse una entrega del texto donde se encuentran plasmadas dichas condiciones para que estas puedan ser consultadas posteriormente por el adherente.  De lo anterior se extraen tres requisitos por cumplir por parte del adherente si desea cumplir con dicho control y superarlo; la plasmación documental, disponibilidad y requisitos básicos de formulación. 

La plasmación documental requiere que las condiciones generales de la contratación estén impresas en el texto del contrato y estar disponibles. La disponibilidad pueda darse mediante una copia del contrato que debe de entregarse al momento en que se da la firma. Los requisitos de formulación se refieren a que la redacción de las condiciones generales debe de ser clara, legible y sobre todo comprensible. 

El control de contenido se trata de un control sobre lo dispuesto por las condiciones generales, las cuales, aun cuando no sean contrarias a normas imperativas del ordenamiento jurídico podrían ser abusivas y en ese tanto habría que proteger al adherente de estas, o sea, habría que evitar que le causen un daño. Son aquellas que no cumplen los requisitos de buena fe (principio de buena fe), y justo equilibrio de las contraprestaciones. Por lo anterior, se afirma que este control es una manifestación del principio de justicia.

Superado el control de inclusión, y en busca de darle al contenido del control una interpretación equilibrada de las prestaciones predispuestas, se acude a los controles de interpretación.  Existen reglas hermenéuticas de aplicación a los que la persona puede acudir, la regla de prevalencia, la condición más beneficiosa, la regla contra proferentem y las cláusulas sorprendentes. 

La regla de la prevalencia de las cláusulas particulares, parte del supuesto que las condiciones particulares son el resultado de un mínimo de negociación. Por lo que esta prevalece ante la general, donde en tesis de principio, no existió negociación alguna. 

La condición más beneficiosa aplica el principio favor debilis, lo que implica que el adherente al no haber participado en el establecimiento de las condiciones generales del contrato y, por ende, situarse en una posición de inferioridad con respecto al predisponente, si se presentan contradicciones entre condiciones o distinciones gravosas, en la aplicación que se dé entre la cláusula particular y una general, se aplicará la que le resulte más beneficiosa al adherente. 

La regla contra proferentem, se sustenta en la buena fe y la autorresponsabilidad contractual, ya que como hemos señalado, el empresario que predispone el contenido lo hace en base a su experiencia profesional de cómo debe de contratarse el bien o servicio ofertado, ya que esto como señala Suárez (2015), es una representación de su voluntad contractual. Por ende, la ambigüedad en la redacción provoca que se interpreten a favor del adherente que no tuvo participación en su redacción. La regla contra proferentem es una doctrina legal en el derecho contractual que establece que cualquier cláusula considerada ambigua debe interpretarse en contra de los intereses de la parte que creó, introdujo o solicitó que se incluyera una cláusula. 

El análisis se debe sustentar en que la parte redactora o introductora está utilizando intencionalmente la ambigüedad para crear o proporcionar resultados que favorezcan sus propios intereses, quedando en una posición de desigualdad entre las partes contratantes. La falta de claridad al momento de la redacción de un contrato es un acto que la regla contra proferentem busca mitigar, haciendo cumplir las cláusulas a favor de la parte inocente citando la ambigüedad como injusta.

La oscuridad y la falta de comprensión en la redacción se vincula a las cláusulas sorprendentes, también denominadas no transparentes. Las cláusulas sorprendentes son aquellas que refieren a la esencia del contrato, o su parte económica; parte de la doctrina ha dicho que son una categoría de las cláusulas abusivas, pero tienen características especiales por lo que, se llaman sorprendentes, que, a pesar de haber pasado por un control de inclusión, tienen condiciones ocultas, que salen a la luz cuando el adherente se ve perjudicado con la adquisición de un bien o servicio, o bien cuando quiere utilizar el bien o servicio. Las cláusulas sorprendentes defraudan las expectativas del adherente las cuales fueron creadas por el predisponente en la oferta publicitada.    

Respecto al control de contenido, que este aplica una vez superado el control de interpretación, tiene que ver con el análisis que se debe realizar a la cláusula, a pesar de que haya pasado el control de inclusión, en el control de contenido se revisa si esas cláusulas pueden ser clasificadas de leoninas, abusivas, sorprendentes o ambiguas. El control de contenido evidencia la nulidad o anulabilidad de las cláusulas abusivas. 

Se trata de un control sobre lo dispuesto por las condiciones generales, las cuales, aún cuando no sean contrarias a normas imperativas del ordenamiento jurídico podrían ser abusivas y en ese tanto habría que proteger al adherente de las mismas, o sea, habría que evitar que le causen un daño. Son aquellas que no cumplen los requisitos de buena fe (principio de buena fe), y justo equilibrio de las contraprestaciones. Por lo anterior se afirma que este control es una manifestación del principio de justicia.

Marín (2021), señala que este control pretende fiscalizar si las cláusulas superan una serie de condiciones establecidas por ley. Este consiste en interpretar si las cláusulas están tipificadas como abusivas de acuerdo con los listados que existan en la normativa que regula las mismas.  

La declaratoria de una cláusula como abusiva, debe de solicitarse en la vía judicial, donde solo un juez puede dictaminar que en un contrato determinado una cláusula es abusiva y por tanto nula. La nulidad de alguna cláusula por su carácter abusivo no determina la ilegalidad del resto del contrato por lo que en el mismo pronunciamiento judicial se debe de determinar la eficacia de las estipulaciones no afectadas. Esto tiene concordancia con el principio de conservación del negocio el cual señala que, si una condición general llega a ser declarada nula, no por sólo ese hecho lo será también el contrato entero, siempre, claro está, que pueda tener sentido y aplicabilidad sin la cláusula anulada.

VIII. Regulación de los controles de las condiciones generales de la contratación en Costa Rica.

El artículo 46 de la Constitución Política, en lo que interesa el párrafo tercero señala expresamente lo siguiente: 

(…) Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias. 

Mediante el último párrafo del precepto 46 constitucional, se busca establecer como un derecho fundamental, la protección que el Estado debe garantizar a cada uno de los consumidores. En base a lo anterior, se brinda una serie de derechos fundamentales de protección a los consumidores, tales como información adecuada, veraz, libertad de elección y un trato equitativo. Los derechos anteriormente señalados, se pueden garantizar por medio de los mecanismos legales apropiados, haciendo un uso correcto de las medidas de protección y de los métodos de control de los contratos de adhesión, a fin de tutelar los intereses de la parte más débil de la relación contractual. Por esto se incluyen algunos controles en materia de condiciones generales de la contratación, como lo son: el control de inclusión, el control de interpretación y el control de contenido. 

El control judicial, lo podemos situar en el artículo 46 de la Ley 7472, el cual hace una remisión por disposición expresa para conocer en la vía judicial los reclamos por anulación de contratos de adhesión. El artículo en estudio remite al proceso sumario de protección al consumidor, con base en el precepto 103.1 inciso 14) del Código Procesal Civil vigente.  La misma norma señala que para reclamar procesos donde se pretenda la anulación de contrato de adhesión o resarcimiento de daños y perjuicios, como hemos indicado anteriormente, la Comisión Nacional del Consumidor carece de competencia para conocer de dichos asuntos.

En busca de evitar que la parte predisponente abuse de su posición en esta modalidad contractual, nuestro ordenamiento jurídico no es indiferente a lo anterior, ya que podemos hacer mención directa a los artículos 1023 de nuestro Código Civil y el 42 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que permiten la posibilidad para que los órganos jurisdiccionales ejerzan los mecanismos de control de inclusión, de control de interpretación y de control de contenido sobre las denominadas cláusulas generales en los contratos de adhesión.

La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece el control de inclusión en el párrafo del artículo 42 cuando señala que, en los contratos de adhesión, sus modificaciones, anexos o adenda, la eficacia de las condiciones generales está sujeta al conocimiento efectivo de ellas por parte del adherente o a la posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una diligencia ordinaria. 

El artículo en estudio adolece de tener una redacción que tienden a mezclar los conceptos que hemos estado desarrollando en el presente trabajo. Prueba de lo anterior, son los incisos h), i) de dicho artículo, lo cuales confunden entre una lista de posible contenido abusivo, propia del control de contenido, con una característica propia del control de inclusión como lo es la legibilidad, la cual tiene que ver con aspectos del idioma exigiendo a las condiciones generales estar redactadas en idioma español. 

Otro aspecto a resaltar tiene relación con la diligencia ordinaria que hace referencia el artículo en análisis. La redacción no es clara en cuanto en qué debe de consistir la diligencia ordinaria. A propósito de lo anterior, la Sección Primera del Tribunal Segundo Civil de San José mediante resolución número 165 de las once horas y cuarenta y cinco minutos del trece de marzo del dos mil nueve a propósito de un análisis que hace de dicho párrafo, señala que para que las condiciones generales adquieran eficacia deben haber sido conocidas por la parte adherente o al menos que hubieran podido serlo, a través de un parámetro de diligencia ordinaria. ¿Qué es la diligencia ordinaria? La resolución en cita nos indica que significa que la persona adherente hubiera hecho, lo que tenía que hacer, ni más ni menos, para conocerlas, o sea, comportarse como normalmente lo hace. 

El artículo 42 en estudio contiene en su último párrafo lo referente a los controles de interpretación. El artículo nos indica en su último párrafo que, en caso de incompatibilidad, las condiciones particulares de los contratos de adhesión deben prevalecer sobre las generales y las condiciones generales ambiguas deben interpretarse en favor del adherente.  

Cuando este nos señala que en caso de incompatibilidad las condiciones generales particulares prevalecen sobre las generales, indiscutiblemente se regula la regla de la prevalencia de las cláusulas particulares. Tal norma señala a su vez, que las condiciones generales ambiguas se interpretaran a favor del adherente por lo que se nos estaría abriendo la posibilidad de aplicar la regla proferetem; ya que se nos habla de su aplicación en presencia de contenido ambiguo y que este se interpretará a favor del adherente. 

A nivel jurisprudencial en Costa Rica se han resuelto diferentes procesos utilizando como forma de interpretación y de análisis la regla contra proferentem, como por ejemplo la resolución No. 02724–2019, de las quince horas y cincuenta y nueve minutos del  diecisiete de setiembre del dos mil diecinueve de la Sala Primera de la Corte, en la que resuelve un proceso de conflicto de competencia, en el cual se alegaba por parte del apelante que en el contrato firmado se establecía la facultad, de resolver el conflicto en un proceso arbitral y que no era competente dicho tribunal para conocerlo, al no ser obligatorio y que requería de forma expresa su aceptación, para dirimir la diferencia a través de esta vía, pese a que en el contrato se consignó una cláusula arbitral. Del citado caso la Sala Primera, utilizando el principio de la buena fe, el principio de interpretación efectiva y el principio contra proferentem, resuelve que: 

(…) cuando deban interpretarse cláusulas oscuras, tal interpretación no debe beneficiar a la parte que las redactó. En la especie, a la luz del principio de la buena fe, es claro que el hecho que las partes hayan incluido una cláusula arbitral en el contrato conjetura una presunción de que su intención fue la de establecer un mecanismo eficaz para solucionar las disputas que surgieran durante la ejecución del contrato. Sería ilógico pensar en su inclusión si no fuera esa la verdadera voluntad de las partes.”… “Por último, bajo la premisa de que las partes han celebrado un convenio de arbitraje válido y eficaz cuya redacción estuvo a cargo de Red; al amparo del principio contra proferentem, debe entenderse que si la contratante no fue clara al utilizar las frase “estará facultada para”, no tiene por qué la parte contratada resultar afectada por las consecuencias negativas de dicha ambigüedad y la cláusula debe interpretarse de tal manera que satisfaga la pretensión de la demandante de someter el conflicto al arbitraje.” 

De la citada resolución se deja clara la posición de que no se puede interpretar un contrato en perjuicio del adherente, cuando ha sido la parte redactora, quien de forma dolosa o por descuido, redacta una cláusula de forma poco clara.

Lo referente a la condición más beneficiosa la podemos encontrar en el artículo 37 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, específicamente en su segundo párrafo cuando señala que prevalecerán las cláusulas estipuladas en los contratos si son más beneficiosas que el contenido de la oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios. 

Haciendo alusión al control de contenido, a nuestro criterio el mismo se encuentra diseminado, entre el listado señalado en los incisos del artículo 42 (salvo los anteriormente indicados por su mala ubicación), de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y el artículo 1023 del Código Civil el cual a su vez nos brinda un listado sobre posible contenido abusivo en cláusulas de condiciones generales.  La Sección Primera del Tribunal Segundo Civil de San José mediante la resolución anteriormente citada, señaló sobre el control de contenido lo siguiente:

(…) Por otro lado, el control de contenido se realiza una vez superado el de inclusión. Dicho control consiste en interpretar si las cláusulas pueden ser calificadas como abusivas, de acuerdo con lo que establece el numeral 42 de la Ley 7472 o bien dentro de las que establece el 1023 del Código Civil. Si no se enmarca en una de ellas, el órgano jurisdiccional debe hacer un control más estricto partiendo de la equidad, uso o la ley (primer párrafo del 1023). En estos supuestos, el juez o la jueza integran el contrato si es necesario y no implica la nulidad del todo (principio de conservación del contrato). Dentro de la lista del numeral 42 tenemos las que “… a) Restrinjan los derechos del adherente, sin que tal circunstancia se desprenda con claridad del texto. b) Limiten o extingan la obligación a cargo del predisponente. c) Favorezcan, en forma excesiva o desproporcionada, la posición contractual de la parte predisponente o importen renuncia o restricción de los derechos del adherente. d) Exoneren o limiten la responsabilidad del predisponente por daños corporales, cumplimiento defectuoso o mora. e) Faculten al predisponente para rescindir unilateralmente el contrato, modificar sus condiciones, suspender su ejecución, revocar o limitar cualquier derecho del adherente, nacido del contrato, excepto cuando tal rescisión, modificación, suspensión, revocación o limitación esté condicionada al incumplimiento imputable al último. f) Obliguen al adherente a renunciar con anticipación a cualquier derecho fundado en el contrato. g) Impliquen renuncia, por parte del adherente, a los derechos procesales consagrados en el Código Procesal Civil o en leyes especiales conexas. h) Sean ilegibles. i) Estén redactadas en un idioma distinto del español. j) Los que no indiquen las condiciones de pago, la tasa de interés anual por cobrar, los cargos e intereses moratorios, las comisiones, los sobreprecios, los recargos y otras obligaciones que el usuario quede comprometido a pagar a la firma del contrato. (Así adicionado este inciso por el artículo 2º, inciso a), de la ley No.7854 de 14 de diciembre de 1998). Son abusivas y relativamente nulas, las cláusulas generales de los contratos de adhesión que: a) Confieran, al predisponente, plazos desproporcionados o poco precisos para aceptar o rechazar una propuesta o ejecutar una prestación. b) Otorguen, al predisponente, un plazo de mora desproporcionado o insuficientemente determinado, para ejecutar la prestación a su cargo. c) Obliguen a que la voluntad del adherente se manifieste mediante la presunción del conocimiento de otros cuerpos normativos, que no formen parte integral del contrato. d) Establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o intereses desproporcionados, en relación con los daños para resarcir por el adherente.” (…) (resaltado es del original)

Nótese que la resolución citada, es acorde con lo desarrollado en el apartado sobre los modelos de control y en específico el control de contenido, ya que señala el posible abuso en que puede incurrir el empresario que utilice el contenido vedado en la lista establecida en el artículo 42 en estudio.

En cuanto a los contenidos listados en el artículo 1023 del Código Civil, estos son muy similares a los dispuestos en el artículo 42 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, tomando en consideración que el primero, no es exclusivo para contratos donde surjan relaciones de consumo, pero si introducen nulidades de cláusulas de contratos de adhesión. Llama la atención que el listado del artículo 1023 no limita su aplicación a la relación de consumo, lo que sí ocurre con el listado del artículo 42, el cual es aplicable a comerciantes y consumidores, en el contexto de un contrato de adhesión.  Cuando estamos en la contratación que se dé entre personas no comerciantes, dos sujetos de derecho privado, estaría limitado a la aplicación del artículo 1023, que aplica para cualquier contrato de adhesión, sin limitarse a los contratos de consumo, y revisar las cláusulas abusivas en aplicación ante esta ley. 

Por su parte, el numeral 42 es de aplicación para comerciantes y consumidores. 

IX. Conclusiones.

El Derecho, como sistema de regulación de conducta, ha tenido que avanzar con la aparición de nuevas modalidades de contratación. El quebranto de los paradigmas asentados en la concepción clásica del contrato ha permitido que el Derecho evolucione en su comprensión de las nuevas figuras contractuales y lo que estas pueden seguir aportando en el ámbito de los negocios.

La evolución en la forma de contratar nos ha dado la modalidad de contratación en masa, la cual ha traído beneficios al empresario, pero a la vez ha traído nuevos retos sobre la aplicación o ausencia de principios propios de la contratación clásica como el equilibrio y la libertad contractual y la autonomía de la voluntad para darle paso a condiciones generales de contratación predispuestas en los textos de contratos ofertados en masa, que sólo admiten la aceptación incondicional de todo su contenido si se desea contratar.   

La aplicación de las condiciones generales de la contratación desató abusos por parte de ciertos empresarios que, mediante la generalidad y ambigüedad de su redacción y la imposición de su contenido predispuesto, crearon una asimetría de poder mediante la cual estos tenían la libertad de redactar a su conveniencia el contenido de los contratos.

Los abusos incurridos provocaron una concientización a favor de la parte débil que se sometió a los clausulados abusivos predispuestos e impuestos por el empresario predisponente. Esta concientización colaboró en la creación de normativa dirigida a crear un sistema de derechos a favor de la parte débil y los mecanismos para hacerlos efectivos.    

Costa Rica no se ha escapado de lo anterior y ostenta un ordenamiento que da respuesta a los desafíos anteriores. Si bien es cierto, la normativa que regula los temas estudiados no es la mejor, la misma, hasta el momento, ha contribuido al desarrollo y estudio de las condiciones generales de la contratación en nuestro país.

La normativa nacional que regula los controles de las condiciones generales de la contratación no se encuentra bien ubicada. Dicha normativa se encuentra disgregada en varios cuerpos legales como es el artículo 42 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y el artículo 1023 del Código Civil, los cuales regulan el control de contenido. 

El artículo 42 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor refiere a los tres tipos de controles estudiados, pero mezcla cuestiones propias del control de inclusión (legibilidad e idioma), con la lista de contenido abusivo propio del control de contenido. Dicho artículo confunde en el mismo texto los tres controles lo que torna difícil realizar distinción alguna de estos. 

Pese que existen resoluciones judiciales que han tratado de aclarar el concepto de diligencia ordinaria contenido en el artículo 42 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, aún queda la duda sobre en qué consiste el mismo. Ni siquiera el desarrollo dado sobre qué es el control de contenido ha contribuido a despejar qué se debe de entender por diligencia ordinaria. 

Se debe valorar una reforma parcial a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor que modifique el artículo 42, en aras de que en este se establezcan con claridad los controles anteriormente desarrollados.

X. Bibliografía

Libros: 

Alpizar Rodríguez, R. y otros. (2005). La Contratación desde la Perspectiva del Consumidor, San José, Investigaciones Jurídicas S.A.

Diez Picazo, L. (1996). Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial Tomo I, y II. Madrid, Editorial Civitas.

De Castro y Bravo F. (1975). Las Condiciones Generales de los Contratos y la Eficacia de las Leyes, Madrid -28, Editorial Civitas S.A.

Farina, J. (1995). Defensa del consumidor y del usuario, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1995.

Farina, J. (1995). Contratos Comerciales Modernos, Buenos Aires, Editorial Astrea.

Garrigues, J. (1958). Contratos Bancarios, Madrid, Talleres de Silverio AguirreTorre.

Pagador López, J. (1999). Condiciones Generales y cláusulas contractuales predispuestas, Madrid, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.

Rinessi, A. (2006). Relación de Consumo y Derechos del Consumidor, Buenos Aires, Editorial Astrea.

Rivero Alemán, S. (1995). Disciplina del Crédito Bancario y Protección al Consumidor, Editorial Arazandi S.A., Pamplona.

Leyes:

Asamblea Constituyente. Constitución Política de la República de Costa Rica. 1949. Costa Rica.

Asamblea Legislativa. Ley N° 7472. 1995. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Costa Rica 

Asamblea Legislativa. Ley N° 63. 1887. Código Civil. Costa Rica

Resoluciones -Jurisprudencia: 

Sala Primera de la Corte, resolución No 02724 – 2019, de as trece horas cincuenta nueve minutos del 17 de Setiembre del 2019. 

Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, resolución No. 165, de as once horas cinco minutos del trece de marzo del dos mil nueve.

Tesis:

Suárez Valverde, F. (2015). Tesis Doctoral, La renuncia a la jurisdicción y al domicilio en la Condiciones Generales de la Contratación en la Compraventa en Internet. Universidad Escuela Libre de Costa Rica.

Páginas Web:

Miranda Serrano,L. (2018). El Control de Transparencia de Condiciones Generales y Cláusulas Predispuestas en la Contratación Bancaria. https://indret.com/tag/clausulas-sorprendentes/ 

Young, J. (2020). Regla Contra Proferentem.

https://www.investopedia.com/terms/c/contra-proferentem-rule.asp 

Revistas:

Martínez Espín, P. (2013). El control de las condiciones generales de la contratación: su aplicación al contrato de alquiler de vehículos. Revista CESCO de Derecho de Consumo. 13(6). https://revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/303/275 

Marín Cascante, M (2021). Introducción a los contratos con condiciones generales. Revista Judicial. 21(131) https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/repositoriocorte/downloader.ashx?r=z8Pmeou-0tlKGtAVUqteat9GF1295

BERNAL EDUARDO ALFARO SOLANO

• Bachillerato y Licenciatura en Derecho, Universidad Escuela Libre de Derecho.

• Especialidad en Derecho Notarial y Derecho Registral, Universidad Escuela Libre de Derecho.

• Máster en Asesoría Fiscal de Empresa con mención honorífica Cum Laude Probatus, Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT). 

• Actualmente es Socio de la firma costarricense Leus Legal, encargado de temas tributarios, empresariales y de Derecho Notarial. 

• Docente de Derecho Financiero y Derecho Registral, Universidad Escuela Libre de Derecho. 

Resumen:

El sistema Tributario Costarricense es auto declarativo, por lo que le corresponde al contribuyente realizar la determinación de ingresos y gastos. La normativa permite aplicar optimizaciones por medio de la elusión fiscal. Existe la máxima de que nadie puede alegar ignorancia de la Ley y también existe el Principio de Reserva de Ley que establece que los tributos se crean, modifican o eliminan solo por Ley. Se indica que no todas las personas están “enterados” de los beneficios que establece la Ley y se explica cómo es el beneficio para realizar una donación como gasto deducible, se explica además el beneficio de estar inscrito como Pequeña o Mediana Empresa, generando en el primer caso una donación deducible del impuesto sobre la Renta y generando en el segundo caso, una exoneración total de renta en el primer año de operaciones.

Abstract

The Costa Rican Tax system, is based on self-declaration, so it is up to the taxpayer to determine income and expenses, the regulations allow optimizations to be applied through tax avoidance, there is a maximum that no one can claim ignorance of the Law and there is also the Principle of Reservation of Law that establishes that taxes are created, modified or eliminated only by Law. It is indicated that not all people are “aware” of the benefits established by Law and it is explained how to benefit from making a donation as a deductible expense and also explains the benefit of being registered as a Small or Medium Enterprise, increasing in the first case a donation deductible from Income Tax and revealing in the second case, a total exoneration of income in the first year of operations.

Palabras clave 

Beneficio fiscal, Exoneración, Elusión Fiscal, Desconocimiento a la Ley, PYME, Pago 0 de Renta, Donaciones como Gastos. Gastos deducibles.

Keywords

Tax benefit, Exoneration, Tax Avoidance, Ignorance of the Law, SMEs, 0 Rent Payment, Donations as Expenses.

Contenido:

En el título se encuentran unas comillas indicando que no todos “conocen” ciertos beneficios fiscales, dado que en nuestro país (Costa Rica) -y en la mayoría de legislaciones-, ningún ciudadano puede alegar desconocimiento a la Ley y en el tanto este principio aplica en sentido positivo o negativo. Tal como lo decía Adam Smith en su obra La Riqueza de las Naciones, la frase “laissez faire, laissez passer”, nos remontamos a un tema general del Derecho, en el que hablamos de la aplicación general de toda la normativa a los ciudadanos, en el sentido de que, así como una persona no puede alegar que no sabía que una acción conlleva una consecuencia jurídica, tampoco es permitido indicar que no se sabía que existen beneficios tributarios que conllevan a un pago menor de tributos, o similar.  

Tal y como se ha desarrollado por varios autores, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, es un principio jurídico bien establecido en muchas jurisdicciones y se refiere a que la ignorancia de una ley o norma no justifica su incumplimiento. Según Morales (2016), “el principio de legalidad requiere que las personas conozcan las leyes y normas aplicables, y que se ajusten a ellas” (p. 234).

Según González-Cuéllar (2018), “el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento” (p. 45). Esto significa que los ciudadanos tienen la responsabilidad de informarse sobre las leyes y regulaciones que les afectan y cumplir con ellas, incluso si no están conscientes de su existencia.

Esta posición está respaldada por el principio fundamental de la ley que establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y deben estar sujetos a ella sin excepción. Como afirma Rovira (2018), “la obligación de cumplir con las leyes es una obligación ciudadana básica en cualquier estado democrático de derecho” (p. 123).

Además, existen medidas legales y penales que pueden aplicarse a aquellos que alegan desconocimiento de la ley como excusa para no cumplir con sus obligaciones legales. Según Vázquez (2019), “la ignorancia o el desconocimiento de la ley no son excusas aceptables para no cumplir con las obligaciones legales, y aquellos que no cumplen con ellas pueden enfrentar sanciones, multas o incluso la responsabilidad penal” (p. 67).

Los tributos, se encuentran regulados en el código de normas y Procedimientos Tributarios, Ley 4755, siendo que éstos únicamente pueden ser creados, modificados o derogados por Ley, tal y como lo indica el principio de reserva de ley en tributos, estableciendo que solo el Poder Legislativo tiene la capacidad de crear, modificar o derogar las leyes tributarias. En otras palabras, los impuestos y los procedimientos tributarios solo pueden ser establecidos mediante leyes promulgadas por la Asamblea Legislativa.  

Este principio de Reserva de Ley está consagrado en el artículo 121 de la Constitución Política de Costa Rica, que reza “toda ley que cree, modifique o derogue tributos deberá ser de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo y ser aprobada por la Asamblea Legislativa”. Este artículo asegura que los tributos sean establecidos de manera democrática y transparente a través del proceso legislativo.

Además, la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha reafirmado el principio de reserva de ley en tributos. Por ejemplo, en la sentencia 3993-2005, la Sala Constitucional dispone que “los tributos deben ser creados, modificados o derogados únicamente por el Poder Legislativo, y no pueden ser establecidos por actos administrativos, como decretos o reglamentos” (párr. 6). Este principio se basa en la idea de que los tributos deben ser creados a través de un proceso democrático y transparente, en el que los ciudadanos tengan la oportunidad de participar y expresar sus opiniones. Según Hernández (2019), “la reserva de ley en materia tributaria se fundamenta en la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la transparencia y la legalidad en la creación y recaudación de los impuestos” (p. 96).

Además, la reserva de ley en materia tributaria también se aplica para proteger la estabilidad y la previsibilidad del sistema tributario. Como afirma González (2020), “la reserva de ley en materia tributaria es esencial para garantizar la estabilidad y la previsibilidad del sistema tributario, ya que los ciudadanos y las empresas deben saber cuáles son las obligaciones fiscales que deben cumplir y cuándo deben cumplirlas” (p. 88)

En este caso, la misma normativa exige que en caso de que exista algún acto que genere el pago de impuestos, también existen normativas que otorgan ciertos beneficios que como indica el título, “no todos conocen”, los cuales se exponen a la luz de la elusión fiscal, teniendo en cuenta lo anterior, es menester explicar y diferenciar conceptualmente lo que es la Elusión Fiscal y la Evasión Fiscal. 

La elusión fiscal es una práctica legal en la que los contribuyentes utilizan los textos normativos e incluso las lagunas fiscales para minimizar su carga tributaria. Según Beckett y Verdier (2017), la elusión fiscal “consiste en evitar la obligación tributaria a través de medios legales” (p. 2). La elusión fiscal se diferencia de la evasión fiscal, que es ilegal y se refiere a la práctica de no pagar impuestos adeudados. Según Damro y Ruud (2019), “la evasión fiscal implica la violación de la ley tributaria y puede llevar a consecuencias penales” (p. 11).

La elusión fiscal es una práctica común entre las empresas multinacionales, que a menudo aprovechan la falta de coordinación entre los sistemas tributarios internacionales para minimizar su carga fiscal global. Según Masciandaro y Carminati (2018), “la elusión fiscal es una práctica común entre las empresas multinacionales, que pueden utilizar diferentes estrategias, como la planificación fiscal agresiva y la transferencia de precios, para reducir su carga fiscal global” (p. 176).

En resumen, la elusión fiscal es una práctica legal en la que los contribuyentes utilizan los cuerpos normativos y las lagunas dentro del mismo, para minimizar su carga tributaria, y se diferencia de la evasión fiscal, que es ilegal y puede llevar a consecuencias mayores. La elusión fiscal es aprovechar lo que indica el mismo sistema para calcular y pagar de forma eficiente un tributo, mientras que la evasión fiscal se refiere a que sabiendo que la norma exige cierta conducta, el contribuyente decide de forma voluntaria o no, no proceder conforme a la misma y no cumple con las obligaciones tributarias de cierto acto, es decir no declara ni paga los impuestos respectivos. 

Recordemos que existen varios tipos de impuestos en Costa Rica, en este caso, la investigación se basa únicamente en el Impuesto sobre la Renta, regulado por medio de la Ley costarricense número 7092. Es importante indicar que el sistema tributario costarricense aplica tarifas según el ingreso del contribuyente y es autodeclarativo. Los sistemas de impuestos autodeclarativos son aquellos en los que el contribuyente tiene la responsabilidad de calcular y declarar el impuesto que debe pagar. Estos sistemas son utilizados en varios países del mundo, incluyendo algunos de América Latina. En estos sistemas, el contribuyente debe presentar una declaración de impuestos en la que se detallan sus ingresos, deducciones y otros aspectos relevantes para el cálculo del impuesto a pagar. Según un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) titulado “Manual de Buenas Prácticas para la Administración de Impuestos”, los sistemas de impuestos autodeclarativos tienen varias ventajas, entre ellas:

“Reducen los costos de cumplimiento, ya que el contribuyente tiene la responsabilidad de preparar y presentar su propia declaración” (OCDE, 2018, p. 92).

“Permiten una mayor flexibilidad en la determinación de la base imponible, ya que los contribuyentes pueden declarar ingresos y deducciones de acuerdo a su situación particular” (OCDE, 2018, p. 92).

“Facilitan la identificación de los contribuyentes de alto riesgo, ya que las discrepancias entre las declaraciones y los datos disponibles pueden ser señales de evasión fiscal” (OCDE, 2018, p. 92).

No obstante, los sistemas de impuestos autodeclarativos también presentan algunos desafíos, como la necesidad de establecer controles efectivos para asegurar que las declaraciones sean precisas y completas, y la dificultad para detectar la evasión fiscal en casos en que los contribuyentes falsifican o subestiman sus ingresos y deducciones.

En el tanto, la normativa tributaria en Costa Rica, en cuanto al impuesto sobre la Renta, ordena que los impuestos se paguen basados en los ingresos gravables, rebajándole los gastos deducibles generados en el período fiscal, siendo que las reglas a aplicar se encuentran en la propia ley del impuesto sobre la Renta. Una vez explicado todo lo anterior, por medio del presente ampliamos sobre dos beneficios fiscales en específico que se encuentran en la normativa costarricense: 

1) Donaciones realizadas a entidades autorizadas.

La Ley del Impuesto sobre la Renta, cuenta con un artículo que establece en términos generales lo que puede ser un Gasto Deducible, así como también se encuentra en el reglamento respectivo, del cual se desprende que un gasto deducible es un gasto que puede ser restado de los ingresos para efectos del impuesto sobre la renta, lo que disminuye la cantidad de impuestos que una persona o empresa tiene que pagar. Hay muchos tipos de gastos que pueden ser deducidos, como los gastos de negocios, los gastos de alquiler, los intereses hipotecarios, los gastos médicos y los gastos educativos, entre otros. Para que un gasto sea deducible, debe cumplir ciertos requisitos, como ser necesario para producir la renta o tener una relación directa con la actividad económica del contribuyente. Es importante tener en cuenta que no todos los gastos son deducibles, por lo que es importante revisar la ley de impuestos para determinar qué gastos se pueden deducir y en qué condiciones. Además, es necesario llevar un registro de los gastos y tener la documentación adecuada para respaldarlos en caso de una auditoría.

Para el caso en concreto que hablamos sobre este beneficio fiscal, se encuentra regulado en el inciso Q) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y establece que las donaciones realizadas por los contribuyentes a entidades sin fines de lucro, que se encuentren debidamente registradas ante el Ministerio de Hacienda, son deducibles del impuesto sobre la renta.

Para aplicar como gasto deducible las donaciones realizadas, es necesario seguir los siguientes pasos:

a) Realizar la donación a una entidad sin fines de lucro debidamente registrada ante el Ministerio de Hacienda. Es importante obtener un comprobante o recibo de la donación emitido por la entidad autorizada.

b) En el momento de presentar la declaración de impuestos, se debe incluir el monto total de las donaciones realizadas en el año fiscal correspondiente.

El monto total de las donaciones realizadas se restará de la renta bruta del contribuyente, lo que disminuirá la cantidad de impuestos que se deben pagar. Es importante tener en cuenta que el monto máximo de las donaciones que se pueden deducir es del 5% de la renta bruta del contribuyente en el año fiscal correspondiente. Además, es importante verificar que la entidad receptora de la donación esté debidamente registrada ante el Ministerio de Hacienda, ya que, de lo contrario, la donación no será deducible. Actualmente se puede confirmar, este registro, por medio de la consulta al sitio en línea del Ministerio de Hacienda: https://www.hacienda.go.cr/docs/AutorizadosRecibirDonaciones.pdf y se pueden observar los requisitos generales para formar parte de estas entidades autorizadas en : https://www.hacienda.go.cr/docs/GeneralidadesDonaciones.pdf .

También se debe conservar la documentación de respaldo, como el comprobante o recibo de la donación, por si se requiere en el futuro para una auditoría o verificación por parte del Ministerio de Hacienda.

En este caso en concreto, el beneficio fiscal es que se pueda tomar como gasto deducible este tipo de donaciones y no solo realizar algún bien social, sin que se vea reflejado en la cuenta de renta general para el contribuyente.

2) Contar con la condición de PYME al inicio de operaciones.

En este apartado, se establece un beneficio fiscal que en la mayoría de ocasiones que lo explicamos, en nuestras asesorías, nos manifiestan que “no lo sabían”, dado que el Gobierno no ha hecho una propaganda para hacer llegar esta información a la ciudadanía y como se indicaba en el apartado anterior, la ciudadanía no puede        manifestar       desconocimiento de la Ley, para bien o para mal. 

El artículo 15 de la Ley de Renta que indica la tarifa del Impuesto, establece en el inciso b, en cuanto a personas jurídicas lo siguiente:

“ ARTÍCULO 15.- Tarifa del impuesto. A la renta imponible se le aplicarán las tarifas que a continuación se establecen. El producto así obtenido constituirá el impuesto a cargo de las personas a que se refiere el artículo 2º de esta ley.

(…)

b) Las personas jurídicas, cuya renta bruta no supere la suma de ciento veintidós millones ciento cuarenta y cinco mil colones (122.145.000,00) durante el periodo fiscal:

I. Cinco por ciento (5%), sobre los primeros cinco millones setecientos sesenta y un mil colones (5.761.000,00) de renta neta anual.

II Diez por ciento (10%), sobre el exceso de cinco millones setecientos sesenta y un mil colones (5.761.000,00) y hasta ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil colones (8.643.000,00) de renta neta anual.

III. Quince por ciento (15%), sobre el exceso de ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil colones (8.643.000,00) y hasta once millones quinientos veinticuatro mil colones (11.524.000,00) de renta neta anual.

IV. Veinte por ciento (20%), sobre el exceso de once millones quinientos veinticuatro mil colones (11.524.000,00) de renta neta anual.

A efectos de lo previsto en este inciso b), las micro y las pequeñas empresas inscritas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), o ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) podrán aplicar la escala tarifaria prevista en este inciso, conforme a las siguientes condiciones, las cuales aplicarán a partir de su primer año de operaciones:

i. Cero por ciento (0%) del impuesto sobre el impuesto a las utilidades el primer año de actividades comerciales.

ii. Veinticinco por ciento (25%) del impuesto sobre el impuesto a las utilidades el segundo año de actividades comerciales.

iii. Cincuenta por ciento (50%) del impuesto sobre el impuesto a las utilidades el tercer año de actividades comerciales.

(…)” (lo destacado no es del original).

En este caso en concreto, se puede constituir una sociedad, proceder con el trámite para inscripción como PYME y la ley le brinda el beneficio fiscal del no pago de impuesto de Renta durante el primer año de actividad, solo el pago del 25% en el segundo año y un 50% al tercer año. Siendo parte de los beneficios fiscales que se exponen en la presente investigación. 

La inscripción como PYME tiene los siguientes requisitos:

“Tener una actividad económica principal que sea compatible con la definición de PYME establecida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Deberá aportar DOS de los siguientes TRES requisitos:

– Recibo de la póliza de Riesgos del Trabajo que emite el INS, al día.

-El Formulario de Declaración de Impuesto sobre la Renta: sea el Formulario D101 del Régimen Tradicional o el Formulario D105 del Régimen Simplificado, del último periodo fiscal.

-Planilla de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) o el comprobante de trabajador independiente, donde se demuestre que está al día con las obligaciones ante esa institución. Igual este requisito se puede verificar en línea ante CCSS.

Además   de   lo anterior   debe aportar   el Documento “Formulario de Inscripción Registro PYME”, que opera como declaración jurada y que puede obtenerlo en las Oficinas del MEIC o en el sitio WEB plataforma del SIEC o bien en la Web “Sección trámites > Registro PYME”.

Una vez que se cumplan con estos requisitos, se puede realizar la inscripción como PYME ante el MEIC. El proceso de inscripción incluye la presentación de una declaración jurada y la documentación que demuestre el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Conclusiones: 

En razón de todo lo expuesto, existen diversos conceptos que se relacionan entre sí en el sistema autodeclarativo que tiene actualmente Costa Rica. En este sentido, los contribuyentes y personas en general, tanto físicas o jurídicas, no deben alegar desconocimiento a la normativa, dado que como se desarrolló, el no “saber” esos beneficios no se puede invocar para tratar de disfrutarlos después. El contribuyente al contar con una asesoría legal previa al momento de iniciar sus operaciones, podrá conocer de una manera más amplia lo que indica la normativa, podrá tomar decisiones informadas sobre la administración del pago o no de sus impuestos, siempre apegándose al sistema jurídico por medio de la elusión. Este derecho que tienen los contribuyentes, siempre que se encuentre apegado a la normativa, se podrá defender de forma robusta ante una eventual fiscalización; siendo un beneficio real que se otorga por parte de la normativa para iniciar actividades por parte de una entidad apegada a lo establecido por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), generando un ahorro significativo en el pago de impuesto sobre la renta, según la cantidad de años que se encuentre activa económicamente. 

Por otra parte, en cuanto a las donaciones a entidades sin fines de lucro, tienen relevancia en vista de que se pueden generar gastos de manera legal y con esto reducir la carga impositiva del período fiscal. En este caso las entidades receptoras de estos beneficios, deben estar inscritas en el Ministerio de Hacienda para que las donaciones sean acreditadas como un gasto, generando de forma directa que reciban mejores y mayores donaciones, de manera que esto motive mayor responsabilidad social y solidaridad de las empresas, pues su colaboración además les traerá un rédito económico a final del período fiscal. 

Firma del artículo: Bernal E. Alfaro Solano.

Referencias bibliográficas:

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ALBAN BONILLA SANDÍ

• Licenciado en Filosofía, Universidad de Costa Rica.

• Doctor en Derecho, Universidad Escuela Libre de Derecho.

• 43 años de docencia universitaria (UNA-UCR-UELD) en los campos de la Filosofía de la Educación, Filosofía del Derecho, Realidad Nacional, Ética Profesional (en diferentes campos profesionales), Derecho de Familia y Teoría General del Derecho, entre otras. 

• Ha sido Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNA, Presidente de Carrera Académica de la UNA, Presidente y Secretario Ejecutivo del Consejo de Facultades Humanísticas de Centroamérica, Director Académico del Colegio de Abogados y Abogadas de Cota Rica, Director Ejecutivo de la Unidad de Rectores de Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE), Director Ejecutivo del Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias Privadas (SUPRICORI) y Coordinador de la Comisión de Ética del Consejo Superior Notarial.

Resumen: 

Los términos ética, moral y deontología, suelen usarse indistintamente. La ética es una disciplina filosófica, la moral es la normativa que rige las conductas de las personas y la deontología regula las reglas del ejercicio de una profesión, es donde convergen el derecho y la moral.

Abstract: 

The terms ethics, morality and deontology are often used interchangeably. Ethics is a philosophical discipline, morality is the norm that governs the behavior of people and deontology regulates the rules of the exercise of a profession, it is where law and morality converge.

Palabras clave: 

Ética (definir), moral (transformar), deontología (profesiones)

Keywords: 

Ethics (define), morality (transform), deontology (professions)

Sumario:

I- Moral

II- Ética

III- Deontología

• Deontología abogadil
• Deontología notarial
• Deontología judicial

IV- Conclusiones

V- Cuadro sinóptico

VI- Fuentes

I. Moral

Los términos ética, moral y deontología son confundidos con gran frecuencia, aún por los especialistas, que, a veces, los usan indistintamente.

Los términos moral y ética tienen solamente un parentesco etimológico en común. Moral viene del latín mos, moris, que significa costumbre, y ética deriva del griego ethos, que igualmente significa costumbre. La moral es un conjunto de reglas que valoran las tradiciones del grupo social (de sus costumbres).

Ferratar Mora sostiene que “las costumbres pueden codificarse en normas. Se ha discutido si, y hasta qué punto, las costumbres son o no morales”.

No obstante, este origen común, moral y ética no han significado lo mismo en Occidente, pues convencionalmente se les han atribuido diversos significados.

La moral se define como el conjunto de normas que regulan las relaciones de los seres humanos entre sí, con sus instituciones y con la naturaleza. Desde esta perspectiva la moral plantea valores, el deber ser. La moral es el conjunto de obligaciones naturales que se impone el ser humano para convivir. Sus normas operan por convicción, para ser eficaces requieren que el ser humano las interiorice. También ocupa un papel importante en su eficacia la presión social. En ningún caso las normas morales se imponen coactivamente, es decir, por la fuerza del Estado.

Las normas que se apoyan en la fuerza coactiva del Estado se llaman jurídicas. La moral y el derecho tienen la misma finalidad: asegurar la convivencia humana. Pero se imponen de distinta forma. Las normas jurídicas no requieren interiorizarse, no requieren convicción, pues se imponen por la obra del Estado, que solo exige su cumplimiento externo. Por ejemplo: al Estado no le interesa si una persona paga sus impuestos alegremente o refunfuñando (no le interesa su interiorización), lo que le interesa es que los pague, es decir, para el cumplimiento de las normas jurídicas basta el cumplimiento puramente exterior, incluso en contradicción con las convicciones interiores.

No sucede lo mismo con las normas morales, pues cuando no se interiorizan no se cumplen. A veces, la sociedad, considera que una norma moral debe cumplirse obligatoriamente, entonces la convierte en jurídica. Por ejemplo, hasta 1974 en Costa Rica, era una norma moral dar propina en los restaurantes y bares, como una muestra de agradecimiento por un buen servicio. A partir de 1974 se convirtió en una norma jurídica, la propina la incluyen en la factura, independientemente de la calidad del servicio, es decir, de que haya o no motivos de gratitud.

Las normas morales son históricamente anteriores a las jurídicas. Desde que el ser humano se convirtió en homo sapiens necesitó de normas conscientes de convivencia, normas morales. Al principio las normas morales fueron muy elementales, y con el posterior desarrollo de la civilización, la moral se fue volviendo más compleja. Para que apareciera el Derecho fue necesario que apareciera el Estado. Sin Estado no hay Derecho, porque es la institución que impone el derecho por la fuerza. El Estado apareció cuando, entre otras razones, algunas normas morales dejaron de ser eficaces y la comunidad consideró imprescindible que algunas de ellas debían imponerse por la fuerza y para lograrlo se organizó el Estado.

II. Ética

La ética es posterior a la moral y al derecho. La ética es una parte de la Filosofía, en consecuencia, apareció con la filosofía. La ética es la parte de la filosofía que estudia la moral, por eso la ética se define como la ciencia de la moral, “… se ha equiparado ‘ética’ a ‘ciencia de las costumbres’ o ‘doctrina de las costumbres’.” (Ferrater Mora). Fagothey (1991) sostiene que “Si se designa a la ética como una ciencia, no es, sin duda, en el sentido de las ciencias experimentales, sino de las ciencias filosóficas”. Por su parte Gutiérrez Sáenz (2000) sostiene que “Ética es: ciencia que estudia la bondad o maldad de los actos humanos”. “La ética es el estudio de la moral en todas sus diversas manifestaciones” (Skutch, 2004).

La ética es una disciplina que tiene como objeto de estudio la moral vigente, sus principios, su esencia, su desarrollo y las leyes que presiden sus cambios.

Los primeros que hicieron teoría ética fueron los sofistas, en virtud de que realizaron las primeras reflexiones morales. Sin embargo, el primer tratado de Ética es la Moral a Nicómaco, de Aristóteles.

Lo anterior plantea diferencias y relaciones entre ética y moral. La moral es práctica, la ética es teórica. Esto quiere decir que a la moral le interesa que los seres humanos se comporten de determinada manera: la que la sociedad considera que la refuerza. Las diferentes sociedades consideran bueno (o virtuoso) lo que las refuerza, y malo (o vicioso) lo que las debilita. Por eso es que no hay valores absolutos ni universales, pues cada sociedad, a lo largo de la historia, ha variado el criterio de bondad o maldad. Solo por razones ideológicas (generalmente religiosas) se han proclamado valores universales, pero estos planteamientos no se fundamentan en el comportamiento histórico: la ciencia ha comprobado que ningún valor ha regido en todas las épocas ni en todos los lugares. Osorio (1989) habla, precisamente, de la relatividad de la moral: 

“Lo que una sociedad de hace cincuenta años estimaba condenable, la sociedad actual, con el mismo concepto religioso, lo estima inocente, y viceversa. Justo es, pues, reconocer un margen considerable al criterio individual que, en esto como en todo, necesita expansión proporcionada a la responsabilidad que asume. En otros términos, la moral tiene características de género que todos conocemos y que a todos se nos imponen, y características de especie en las que entran por mucho la crítica y el albedrío”. 

Entonces la moral es relativa, no en el sentido de que sus valores pueden o no adoptarse, sino en el sentido de que históricamente las sociedades cambian sus percepciones axiológicas.

Lo que una determinada sociedad, en una determinada época, considera bueno, constituye su moral y, entonces, esa sociedad espera que las personas se comporten de acuerdo con ella; es decir, la moral pretende transformar la conducta de los seres humanos, por eso se dice que es práctica. En cambio, la ética no, pues la ética es teórica, no pretende transformar, sino explicar. En esta dirección Becerra (2001) sostiene que “La ética es una ciencia teórico-normativa, mientras la moral no alcanza el nivel de ciencia por ser esencialmente práctica. (…)El objeto de la ética es fundamentar teóricamente a la moral, mientras que el objeto de la moral es determinar las normas o reglas que hacen posible la conducta buena.” 

El objeto de estudio de la ética es la moral o morales vigentes y los conceptos y leyes que rigen sus cambios y esencia. La ética, como ciencia, no se identifica con ninguna moral, pues hace de su objeto de estudio las diferentes morales que han existido. La ética, como disciplina, comprende tres partes: la axiología, la normativa y la ética general. 

La axiología es la teoría de los valores; la normativa es el estudio de las normas morales prevalecientes en una determinada sociedad y la ética general es la discusión sobre el bien y el mal.

Esta diferencia entre lo teórico y lo práctico, permite otra diferencia: la moral es concreta, la ética es abstracta. Esto quiere decir que los problemas morales solamente se resuelven en situación, pues están vinculados con actos de voluntad, mientras que los problemas éticos son abstractos, pues están vinculados con actos de conocimiento. Hacer el bien es un problema moral; definir el bien es un problema ético. Decidir (moral), definir (ética). Así las cosas, la moral tiene que ver con el deber ser (valores), o sea, la moral prescribe cómo debe ser la conducta de los seres humanos; en cambio la ética tiene que ver con el ser de las normas morales, describe y explica el fenómeno social llamado moral. Por eso la moral usa lenguaje prescriptivo, mientras la ética usa lenguaje descriptivo. Titarenko (1989) “…la ética describe la moral, explica la moral y enseña la moral”.

III. Deontología

Deontología es un término más reciente. Lo creó Jeremy Bentham a mediados del siglo XIX. Originariamente significó el “estudio o tratado de los deberes”. No obstante, el término ha adquirido un significado más preciso, en la actualidad se refiere al estudio de los deberes de una determinada profesión. Así, suele hablarse de una deontología jurídica o forense, psicológica, médica, etc. Es una ética aplicada a una profesión, ética aplicada.

En el Seminario sobre Ética Judicial celebrado en 1996 se hizo una caracterización bastante exacta sobre lo que constituye la deontología: “La deontología opera por definición en el campo profesional. Es un conjunto de reglas profesionales sancionadas por una instancia disciplinaria” (Lacoste, 1996).

Becerra (2001) afirma que “… definimos, pues, la ética profesional o deontología profesional como el estudio de las reglas o normas de la conducta buena que le corresponde asumir a una persona o conjunto de personas en el ejercicio de sus actividades profesionales”. No sin cierta reserva también acepta esta acepción Menéndez (1988) “Ética profesional o moral profesional, se suele definir como la “ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los profesionistas en cuanto tales. /// Es lo que la pulcritud y refinamiento académico ha bautizado con el relumbrante nombre de deontología”. 

Constituye un error conceptual denominar las normas morales que regulan una determinada profesión como Código de Ética Profesional. Debe llamarse como lo hacía el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica: Código de Moral del Abogado. Recientemente, ignorando las normas técnicas, se les ocurrió a los directivos del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica denominar a sus normas morales como Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, lo que es un contrasentido. Un código de moral es tal, en el tanto, procura modificar la conducta de sus destinatarios y no simplemente explicársela. Si se trata de ser más exactos debería llamarse Código de Deontología del Abogado, o algo por el estilo. Es más consecuente la Dirección Académica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica que denominó a su curso introductorio Deontología Jurídica, que es lo que técnicamente corresponde.

a) Deontología abogadil:

Sobre este tema conviene citar al Dr. Carlos Chinchilla (2006):

“Por ello, los códigos deontológicos reglamentan de manera estricta los deberes de los miembros de una misma profesión. En el caso concreto del ejercicio de la abogacía, existe por parte de los Colegios Profesionales de abogados, reglamentación acerca del proceder correcto de estos profesionales, donde se requiere su estricto cumplimiento de lo preceptuado, de lo contrario, podría generar responsabilidad disciplinaria, civil y, en algunos casos, penal”. 

Esto está vinculado al carácter bifronte de los colegios profesionales, otorgado por la Sala Constitucional que en su voto 493-93 indicó que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica:

“… bifurca su actuación en dos sectores: a) por un lado, cumple una función de interés público que el Estado le ha encomendado, en resguardo del debido ejercicio de la profesión; este control o fiscalización lo puede ejercer sobre todos sus miembros, por ser obligatoria la colegiatura, y en general de todos los colegios profesionales (…) b) Por otro lado, el Colegio de Abogados actúa en defensa de los intereses y el bienestar común de sus agremiados”. 

Es decir, corresponde a los colegios, en primer lugar, un fin público, a saber, garantizarle a la ciudadanía el correcto ejercicio de la profesión, garantía que se materializa por medio de las respectivas Fiscalías, que son los órganos encargados de tutelar los derechos de los clientes, pacientes, usuarios de los profesionales cuando incurran en una anomalía, pues, su función es precisamente comprobar la veracidad de las quejas, y en caso de lograrlo, establecer las responsabilidades, en primer lugar disciplinarias, que es propiamente lo que le compete al Colegio, y con las consecuencias civiles, cuando esté dentro de la competencia del Colegio, o emitir el título ejecutivo correspondiente, como lo permite el artículo 49 de la Ley Orgánica del Colegios de Abogados y Abogadas de Costa Rica para la respectiva ejecución del derecho facial, o bien cuando la falta tiene naturaleza penal, compele al Colegio a testimoniar piezas para ponerlas a disposición del Ministerio Público a tenor de lo indicado en el artículo 281 del Código Procesal Penal. Así las cosas, la Fiscalía (o los órganos equivalentes, con independencia del nombre que se les ponga como Tribunales de Ética u otras similares) de los colegios constituyen los fiscales orgánicos para vigilancia del correcto ejercicio de la profesión, tanto desde el punto de vista deontológico como desde el punto de vista técnico; igualmente los clientes, pacientes, otorgantes u usuarios conforman el ejército de fiscales naturales de los profesionales, puesto, que como eventuales víctimas, son los llamados a ejercer no solo sus derechos, sino el fin público que está llamado a cumplir el Colegio respectivo. El elenco de sanciones va desde el apercibimiento (que no es más que un consejo para evitar repetir la acción), la reprensión (que constituye un antecedente para una futura sanción) hasta la suspensión y eventualmente la determinación de responsabilidades civiles y penales, ejecutables y juzgables también en sus respectivas sedes. 

Hay que señalar que tanto la condición de abogado como la de notario son vitalicias, por lo que en ningún caso el poder fiscalizador de los colegios permite la cancelación definitiva de la licencia, sino solamente se permite suspender temporalmente su capacidad de actuar. De conformidad con el voto de la Sala IV  3884-94 la suspensión máxima es de 10 años por falta. Lo que sucede es que, con frecuencia, un profesional acumula varias faltas, sobre todo si se ha habituado a la dolocidad. Pues si la falta es culposa, probablemente las sanciones tienen efecto educador o regenerativo. Pero si el denunciado ha cometido una falta dolosa, casi siempre acumula varios expedientes, y a la larga la suma de las faltas puede hacer acumular tal cantidad de tiempo suspendido que vuelve prácticamente imposible su reinserción profesional.

En este sentido conviene indicar que los Códigos Deontológicos, tal y como se conciben en la actualidad, no son ni puramente morales ni puramente jurídicos. No son puramente morales porque las normas morales no tienen carácter coercitivo, se cumplen por convicción o por presión social. Ni puramente jurídicos, pues las normas jurídicas gozan del respaldo represivo del Estado.  Y los códigos deontológicos ni operan por conciencia, ni operan por presión social, ni operan por coerción estatal. Pues contienen evidentes directrices morales, pero que, a pesar de su naturaleza reglamentaria (en contravención con lo que indica el artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública) contienen sanciones, y son impuestos, no por el Estado, sino por entes no estatales como son los colegios profesionales. 

Y un aspecto de no poca entidad es el hecho, a mi juicio al margen del ordenamiento, que el Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica aprobado por la Junta Directiva en la sesión 47-2004 del 11 de noviembre del 2004, que por costumbre de vieja data, lo aprueba la Junta Directiva, a pesar que la Ley Orgánica del Colegio no lo indica expresamente, y eso ha permitido reformas al Código según los intereses de las Juntas Directivas de turno. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica permite a la Junta Directiva, como órgano sancionador, decretar la suspensión de un abogado, previa comprobación de su culpabilidad, y conforme al debido proceso. Pero eso no autoriza a la Junta Directiva a promulgar el Código, por dos razones: en primer lugar, el Código tiene naturaleza reglamentaria y la potestad reglamentaria del Colegio radica en su Asamblea General conforme al artículo 18 inciso 1, además, el segundo párrafo del mencionado artículo 11 es claro en que el procedimiento sancionatorio corresponde aprobarlo a la Asamblea General. Resulta incomprensible que el derecho de fondo se lo atribuya un órgano como la Junta Directiva y el derecho de forma, se le delegue a la Asamblea General, sobre todo porque la jurisprudencia es abundante en cuanto que en sus potestades orgánicas los colegios profesionales están sometidas al Derecho Público, a la Ley General de la Administración Pública, y en virtud del artículo 11 de la preindicada ley, es decir, al principio de legalidad, y sobre todo, el artículo 11 de la Constitución Política, esa Junta no puede atribuirse potestades que la ley no le confiere. En este sentido la Junta Directiva se está extralimitando en sus funciones, en una materia tan delicada como es el establecimiento de sanciones, y tratándose de materia odiosa, más cuidado hay que observar para cumplir con la constitucionalidad y legalidad. Ignoro si algún abogado sancionado ha solicitado la nulidad de dicho Código, pero, precisamente por la importancia del fin público que el Colegio está llamado a cumplir, deben respetarse las formas, porque el irrespeto de las formas a quienes beneficia es a los infractores.

Retomando el tema de la naturaleza de los códigos deontológicos, hay que entender que la Deontología es precisamente el punto de encuentro entre la moral y el Derecho; es decir, que sus normas no son ni puramente jurídicas ni puramente morales. Por esta razón se hizo necesario el concepto, cuando se superó la dicotomía derecho-moral. Márquez González (1998) señala que la deontología es “la ciencia que estudia el conjunto de deberes morales, éticos y jurídicos con que debe ejercerse una profesión liberal determinada. (…)…con ello implica el código de conducta bajo el cual tiene obligación de actuar el profesional (…), sin embargo, es menester acotar que la deontología se nutre de dos vertientes: el derecho y la moral”. No es que los códigos deontológicos empiezan a existir a partir de Bentham. Es conocido que los gremios medievales tenían sus normas de conducta. Lo que se hizo a partir de Benthan fue, dentro del avance de las ciencias jurídico filosóficas, acuñar un concepto que supera la tradicional dicotomía moral-Derecho como dos realidades excluyentes, al menos en la deontología son convergentes.

Otro problema asociado a este, es la naturaleza de los códigos. En un sentido estricto, tampoco son códigos de moral, puesto que su incumplimiento implica sanciones, no operan por convencimiento como lo hacen las normas morales, sino que son coercitivas. Sus normas no son, estrictamente hablando, morales, sino, en cierto sentido, jurídicas, puesto que son códigos dotados de poder sancionatorio. Lo que sucede en la práctica es que estos códigos tienen una parte teórica, programática, introductoria, sobre los deberes profesionales, y una segunda parte jurídica, sobre el procedimiento y las sanciones por aplicar en caso de incumplimiento, entonces, son una combinación de normas morales y normas jurídicas, propiamente, normas deontológicas. Uno de los rasgos de la deontología es su carácter ejemplarizante, dado que trata de preservar el prestigio del gremio exigiendo correcta actuación a los profesionales.  “Un Código de Ética no tiene sentido si no va acompañado de un procedimiento rápido y efectivo para lograr sentencias ejemplificadoras ante las conductas no éticas” (Oriol, 1995). Una mala actuación profesional no solo afecta la imagen del mal practicante, sino del gremio en su conjunto.

Becerra (2001) hace la siguiente síntesis: 

“Las diferencias, pues, entre la ética, la moral y la deontología son bien claras y precisas: la ética es una ciencia pura que le da fundamento a los juicios morales sobre la conducta buena; la moral es el conocimiento (no es una ciencia) de las reglas y normas que rigen la conducta buena; y la deontología es el conjunto particular (tampoco es una ciencia) de reglas y normas que deben cumplir los practicantes de una profesión determinada o los miembros de cualquier otro grupo social. Dicho más resumidamente: la ética es una ciencia filosófica, la moral es un conocimiento empírico amplio y la deontología es la práctica de las reglas morales o de los principios éticos en grupos específicos”.

En el caso del Derecho como ciencia suelen distinguirse tres deontologías: la deontología abogadil, la deontología notarial y la deontología judicial, sin que esto signifique una división exhaustiva, pues uno puede eventualmente subdividir o encontrar nuevas vetas deontológicas para los profesionales en Derecho como podría ser al deontología consultiva o asesoría, deontología fiscalía, deontología del notificador, pero estas últimas subdivisiones significan hilar muy delgado. Por eso nos referiremos brevemente a las deontologías jurídica clásicas.

Entonces, compete al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica hacer cumplir los deberes profesionales a todos los profesionales en Derecho o como dicen algunos, quizá despectivamente, a los operadores jurídicos, es decir, a todos los profesionales que realicen funciones u ocupen puestos que tienen como condición la colegiatura, como es el caso de los jueces, litigantes, profesores de Derecho, notarios, asesores y otros cuya lista no es posible construir, puesto que lo importante para determinar el ámbito de acción del Colegio es que se exija el cumplimiento de la colegiatura, cuando se trata de ejercer el derecho al trabajo.

b) Deontología notarial

No existe en Costa Rica un Código Deontológico del Notario costarricense. La Comisión de Ética del Consejo Superior Notarial le presentó al Consejo Superior Notarial un proyecto de Código Deontológico del Notario Costarricense en el año 2020, y el Consejo no le dio curso. No así, en el caso de Lineamientos Deontológicos del Notariado Costarricense que fueron presentados por la Comisión de Ética del Consejo y, en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Consejo fueron aprobados por otro Consejo a propuesta de la Comisión 22 de abril del 2014.  El artículo 22 del Código Notarial indica que dentro de las potestades de dicho Consejo están: “Emitir los lineamientos y las directrices de acatamiento obligatorio para el ejercicio del notariado y todas las decisiones relativas a la organización, supervisión, control, ordenamiento y adecuación del notariado costarricense”. Igualmente corresponde a este Consejo la potestad sancionatoria, por el incumplimiento de normas de naturaleza jurídica, más que de naturaleza deontología, pues no hay un cuerpo normativo que se denomine así, pero sí rola en el ordenamiento un conjunto de normas deontológicas disgregadas que son de acatamiento obligatorio y que de hecho constituyen la base del sistema disciplinario del notario costarricense.

¿Significa eso que no existe una Deontología Notarial en el sistema costarricense, pese a la insuficiencia sistemática de normativa deontológica notarial? De ninguna manera. Precisamente la hipótesis de la Tesis de Grado doctoral Deontología Notarial Costarricense que presenté en la Escuela Libre de Derecho en el 2006 es esa: 

“En Costa Rica existe una deontología notarial: un conjunto de normas que regulan la profesión notarial. Estas normas no están codificadas, es decir, no están articuladas en  un solo cuerpo normativo orgánico, pero se encuentran disgregadas en el ordenamiento jurídico nacional (Constitución Política, diversas leyes, jurisprudencia, directrices de la Dirección Nacional de Notariado, resoluciones del Juzgado y Tribunal Notarial, el Código de deberes jurídicos, morales y éticos del profesional en derecho, resoluciones de diversos órganos del Estado, especialmente sus registros, las costumbres y principios generales de derecho que rigen la materia) de modo que su conjunto da como resultado la moralidad notarial existente”.

El extenso texto de la Tesis confirma precisamente la hipótesis, haciendo un inventario extenso sobre las diferentes normas disgregadas que conforman la deontología notarial costarricense. La Comisión de Ética conformada por Iliana Arce Umaña, Sergio Valverde Alpízar, Andreína Vincenzi Guilá, Juan Carlos Granados Vargas y mi persona, presentó el proyecto de Código Deontológico con base en su propia experiencia y formación y utilizando materiales de esta Tesis. Es decir, este fue un esfuerzo sistematizador de la deontología notarial costarricense.

c) Deontología Judicial

El caso de la deontología judicial es similar al caso de la deontología notarial. No existe propiamente un Código de Deontología Judicial del Poder Judicial, pero sí existe suficiente material deontológico disgregado en acuerdos del Consejo Superior del Poder Judicial, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye incluso el procedimiento disciplinario sancionatorio y reglas deontológicas  a lo largo de su Ley, y en la jurisprudencia, especialmente constitucional como el voto de la Sala Constitucional  2020-001619 que considera que los jueces carecen de objeción de conciencia, con la salvedad temporal de los jueces que deban celebrar matrimonios igualitarios a los que no están obligados si fueron nombrados antes del 26 de mayo del 2020. Esta posibilidad es temporal pues los jueces de Familia perderán la competencia para celebrar matrimonios a partir del 1° de octubre del 2024 cuando entre a regir el nuevo Código Procesal de Familia, lo cual significa que a partir de esa fecha ningún juez, en ninguna materia, tendrá derecho a objeción de conciencia. 

Incluso existe, también, Código de Ética Judicial aprobado por la Corte Plena en la Sesión N°44, Artículo 18, celebrada el 21 de octubre de 2019. No obstante, este Código, si bien contiene importantes directrices deontológicas, no es de naturaleza deontológica sino moral, en el sentido de que sus normas contienen hipótesis fácticas, pero carecen de consecuencias, es decir, no tiene previstos ni procedimientos ni sanciones. Tampoco es procedente llamarlo Código de Ética pues su lenguaje es imperativo, y la Ética por su carácter teórico usa lenguaje descriptivo, y sus normas tienen claro contenido moral, no jurídico ni ético. A lo sumo este importante instrumento tiene propiedades hermenéuticas que bien podrían utilizarse en un procedimiento sancionatorio, pero como código carece de valor autónomo.

d) Conclusiones

En realidad, este trabajo tenía la pretensión de establecer una serie de precisiones técnico-filosóficas sobre los conceptos moral, ética y deontología, que con mucha frecuencia se usan indistintamente, intercambiando o superponiendo sus contenidos, cuando según la doctrina más señalada, son diferentes. Llama la atención que instituciones como el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica o el Poder Judicial no usen terminología según su acepción universalmente aceptada, y deriven en formular instrumentos que son de naturaleza equívoca si nos atenemos a sus denominaciones. Igualmente, el Consejo Superior Notarial se ha quedado rezagado en materia deontológica, pues si bien sigue emitiendo directrices y lineamientos, algunos de los cuales tienen contenidos deontológicos, ha sido renuente a promulgar un Código Deontológico del Notario Costarricense a pesar de que su Comisión de Ética se lo formuló.

Y aunque este artículo pueda parecer un ejercicio estrictamente teórico-académico, no lo es por las pretensiones de las instituciones. A las instituciones les interesa adecuar la conducta de sus profesionales a las normas deontológicas, transformarla y no solamente explicársela, y ahí es donde conviene afilar el lápiz de los instrumentos que se utilicen. 

Si la Ética es teórica (es una parte de la Filosofía) es un término inútil para la función fiscalizadora, que es práctica, pues la función fiscalizadora trata de sentar responsabilidades, no solo de definirlas. Y aunque la moral es práctica, también resulta inútil para la función fiscalizadora, puesto que carece de poder sancionador.

En síntesis, lo que conviene a los efectos de ajustar la terminología y los contenidos de las herramientas fiscalizadoras es promulgar un Código Deontológico del Abogado Costarricense (promulgado por el órgano competente), un Código Deontológico del Notario Costarricense y un Código Deontológico de la Judicatura, con sus respectivas directrices morales, su elenco sancionatorio y procesal, y utilizando lo mejor de la teoría Ética.

IV. Cuadro sinóptico

La deontología, además, conlleva algunas consecuencias de carácter sancionador, precisamente porque está en un área donde convergen el derecho y la moral. Por eso no es preciso que algunos Colegios Profesiones llamen a sus Códigos Deontológicos como Códigos de Ética Profesional, lo mismo podríamos decir, cuando denominan a sus tribunales fiscalizados como Tribunales de Ética, pues, sensu stricto se trata de Tribunales Deontológicos. La misma imprecisión tiene el Poder Judicial que denomina Código de Ética Judicial a un instrumento que tiene clara naturaleza moral, pues carece de sanciones, se trata de simples directrices morales, que a lo sumo tendría función hermenéutica, lo que impide ubicarlo como Código Deontológica o Reglamento Disciplinario.

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TOMÁS FEDERICO ARIAS CASTRO

• Doctorando en Derecho Constitucional, M.Sc. en Ciencias Políticas (2017) y licenciado en Derecho-Notario Público (2002). 

• Presidente de la Editorial Costa Rica y de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas. 

• Director del área de investigación y docente de la catedra de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 

• Coordinador de la Comisión de Historia e integrante de la Junta Administradora del Colegio de Abogados de Costa Rica. 

• Docente de la catedra de Teoría del Estado de la Maestría en Diplomacia del Instituto Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores; de la catedra de Historia del Derecho Constitucional de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia; de las cátedras de Historia del Derecho Costarricense, Derecho Romano, Teoría del Estado y Filosofía del Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho; y del Programa de Extensión Académica de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica en los cursos de Historia de Costa Rica, Historia de México e Historia de la Masonería. 

• Integrante de la Sociedad de Amigos de la Academia Mexicana de la Historia, la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, la Asociación de Genealogía e Historia de Costa Rica y de la asociación La Tertulia del 56 para la historia de la Campana Nacional 1856-1857.

• Académico de número y Fiscal de la Academia Morista Costarricense y académico correspondiente de la Academia Nacional de Heráldica de Colombia. 

Resumen 

Dentro del amplio acervo de la historiografía jurídica de Costa Rica, resultan muy escasos los estudios o investigaciones sobre juristas extranjeros que protagonizaron algún evento o tuvieron participación en acontecimientos de nuestra historia en general. Así, el presente artículo expone de manera pormenorizada, los distintos factores (hechos, sitios, incidencias, lugares, personajes, etc.) que se concatenaron en la vida y obra del abogado mexicano Lic. Victoriano Salado Álvarez, quien, entre otras circunstancias, vivió en territorio costarricense entre 1916 y 1917. Personaje que, como parte de sus múltiples facetas, fungió como profesor de la pionera Escuela Libre de Derecho mexicana, cuyos orígenes, por su parte, también se explican en el marco de su paralelismo con la entidad universitaria costarricense del mismo nombre 

Abstract

Within the vast body of Costa Rican legal historiography, there are very few studies or research on foreign jurists who played a leading role or participated in events in our history in general. Thus, this article presents in detail the different factors (facts, places, incidents, places, characters, etc.) that were concatenated in the life and work of the Mexican lawyer Victoriano Salado Alvarez, who, among other circumstances, lived in Costa Rican territory between 1916 and 1917. A person who, as part of his multiple facets, was a professor at the pioneering Mexican Escuela Libre de Derecho, whose origins are also explained in the context of its parallelism with the Costa Rican university of the same name.

Palabras clave

Historia, Derecho, Costa Rica, México, Escuela Libre de Derecho, Revolución Mexicana, Diplomacia, Academia, Literatura, Enseñanza. 

Keywords

History, Law, Costa Rica, Mexico, Escuela Libre de Derecho, Mexican Revolution, Diplomacy, Academy, Literature, Teaching.

Sumario

INTRODUCCIÓN – I. CONTEXTO HISTÓRICO – a. Periplos en México y el exterior – b. Costa Rica y consolidación – c. Prestigio sempiterno – BIBLIOGRAFÍA.

INTRODUCCIÓN

Desde antaño, lo que hoy corresponde a los territorios de Costa Rica y México, han estado profundamente ligados por factores de la más diversa naturaleza, pues, junto al ya de por si evidente aspecto de cercanía geográfica, han existido también múltiples elementos de concordancia histórica, social, económica, cultural, política, idiomática o comercial que, por su parte, se ha erigido en una de las relaciones bilaterales más sólidas del continente americano. 

Empero, un rasgo de peculiar significancia corresponde al ámbito jurídico, pues, tanto en la era precolombina, como a lo largo de toda la subsiguiente época colonial, así como durante la coyuntura independentista y el siglo decimonónico, se desarrollaron distintos eventos conexos que incidieron de manera directa en los derroteros de ambos países. Ya que, respectivamente, México ostentó una primigenia importancia como principal civilización mesoamericana, lo cual fue seguido de su preponderante jerarquía como metrópoli virreinal española en Las Indias (apelativo oficial de América) y, tras su proceso autonomista, como sede del denominado I Imperio Mexicano. Circunstancias en todas las cuales, Costa Rica se vio ostensiblemente influenciada por ello en términos históricos en lo general y normativos en lo particular. 

Así, hace ya más de un siglo y como se expondrá con amplitud, el destacado académico, literato, periodista, diplomático y jurista mexicano, Lic. Victoriano Salado Álvarez, radicó en nuestro país durante el bienio 1916-1917, entrando con ello a formar parte del grupo de ciudadanos de ese país que, por las más diversas razones, decidieron convertir a Costa Rica en parte temporal o permanente de sus vidas, produciendo con ello distintos episodios y vivencias. Pero, más aún y sin saberlo por supuesto en ese momento, dicho personaje fue el protagonista de una singular coincidencia en la historia universitaria de ambas naciones, cuyos detalles y especificidades se exponen con el fin de traer al presente una parte de nuestra historia jurídica de antaño. 

I. CONTEXTO HISTÓRICO

Los antecedentes más antiguos de la enseñanza académica del Derecho en Ciudad de México (capital del antiguo Virreinato de la Nueva España) datan de 1551 cuando empezaron a impartirse tales estudios en la pionera Real y Pontificia Universidad de México, instaurándose a tal efecto la Facultad de Cánones y Leyes. Situación que se mantuvo invariable durante todo el resto de la era virreinal y hasta 1833, cuando la universidad de cita fue clausurada por primera vez, siendo asumida la educación jurídica por la entonces descentralizada Escuela de Leyes, cuyas instalaciones, por su parte, permanecieron abiertas hasta 1868 cuando se transformó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la cual pervivió hasta finales de la centuria decimonónica. 

Ya para la primera década del siglo XX y como parte de la recién creada Universidad Nacional de México (futura UNAM desde 1929), la Escuela Nacional de Jurisprudencia fue una de sus entidades fundacionales (septiembre, 1910), siendo dicho proyecto universitario uno de los últimos en materializarse por parte de las autoridades del llamado Porfiriato, es decir, del gobierno que, desde 1876, había regido los destinos políticos de México bajo la égida del Gral. Porfirio Díaz Mori. Pero que ya para ese momento, se enfrentaba a un cada vez más creciente descontento y rechazo por parte de gran parte de la ciudadanía. 

Fue entonces en medio de esa tensa coyuntura y bajo el proyecto político de evitar una séptima reelección del Gral. Díaz, cuando el acaudalado empresario coahuilense Francisco I. Madero González que había publicado el pionero libro La sucesión presidencial en 1910 (1908), fundó el Partido Antireeleccionista (1909) y emitió el decisivo Plan de San Luis Potosí (1910) en el que incluyó el famoso postulado: Sufragio efectivo, no reelección, dando así inició, en noviembre de 1910 a la célebre Revolución Mexicana. Evento bélico que, tras seis meses de virulentas batallas, logró defenestrar a Díaz del solio presidencial mexicano (25 de mayo, 1911), siendo entonces sustituido, de modo temporal, por el jurista y diplomático Francisco León de la Barra y Quijano, quien gobernó hasta el 6 de noviembre de ese mismo año, cuando el ya citado líder Francisco Madero asumió el mandato supremo de México.

Ahora bien, casi de seguido al inicio de gobierno, Madero nombró en los principales cargos de la administración pública a individuos reconocidos por sus méritos profesionales y académicos, resaltando en ello el designio del intelectual costarricense Rogelio Fernández Güell, quien no solo había participado junto a dicho líder en la reyerta revolucionaria, sino que compartían intereses por las figuras del Espiritismo y la Masonería, llegando incluso Fernández a fungir como Director de la Biblioteca Nacional de México (único extranjero hasta el presente en desempeñar dicho cargo).

No obstante, hubo algunas excepciones a lo anterior, púes uno de esos nombramientos del presidente Madero desató una fortísima reacción en su contra. Ya que, en la entonces denominada Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes, había nombrado al catedrático, abogado y diplomático Miguel Díaz Lombardo, quien contó con un amplio respaldo, entre otros grupos, de la Universidad Nacional de México, dado su bagaje y experticia en materia educacional. Mas, apenas tres meses después, Díaz Lombardo fue destituido (febrero, 1912), nombrándose en su lugar al jurista, literato y político José María Pino Suárez, quien entonces fungía también como vicepresidente de México. 

Acontecimiento, el anterior, que de inmediato provocó un fortísimo rechazo por parte de varias agrupaciones del gremio educativo mexicano en general y de la Universidad Nacional de México en particular, cuyos miembros argüían que, si bien es cierto, Pino S. poseía una sólida formación intelectual en Derecho y Literatura, lo cierto era también que carecía por completo de experiencia en materia de fundamentación o administración educativa, por lo que su designio resultaba contraproducente para la referida Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sin embargo, el presidente Madero mantuvo incólume su decisión, pues, más allá del aspecto académico, lo que buscaba era tener a una persona de su entera confianza en un puesto de tan alto fuste, pues ello incidía de manera directa en todos los estratos de la jerarquía educacional mexicana.

De seguido, las divergencias entre Pino y las autoridades de la Universidad Nacional de México empezaron a resquebrajarse aún más, pues en abril de 1912 removió a los directores de todas las escuelas de dicha entidad, incluido lo referente a la Escuela de Jurisprudencia, en la cual su superior jerárquico, el diplomático, abogado y político Pedro Lascuráin Paredes, fue sucedido por el literato, abogado y periodista Luis V. Cabrera Lobato. Rechazo que se basó, por una parte, en los mismos cuestionamientos vertidos contra Pino unos meses antes, pues docentes y alumnos de la universidad criticaban la nula experiencia de Cabrera para el correcto desempeño del cargo que se le estaba asignando. Pero, más aún, dicha oposición estribaba en un aspecto de índole político, pues lo cierto es que la gran mayoría de integrantes de dicha escuela universitaria habían sido seguidores del Porfiriato, por lo que eran firmes adversarios del presidente Madero y sus nuevas políticas de gobierno.

Así las cosas, casi desde el momento mismo de inicio de su gestión, la animadversión entre Cabrera y la población docente-estudiantil se exacerbó en demasía por una serie de nuevas disposiciones y reglamentos que dicho director implementó en el quehacer universitario, las cuales, en algunos de los casos, fueron ideadas con la sincera idea de corregir o modernizar varios aspectos, mientras que, en otras circunstancias, se adoptaron con la intención de limitar o menoscabar ciertas prerrogativas que, desde antaño, poseían alumnos y profesores. Todo lo cual hizo entonces que, independientemente de sus propósitos, dichas medidas fuesen interpretadas como recurrentes actos de provocación y manifestaciones de irrespeto, conllevando a su vez hacia un ostensible ambiente de hostilidad en el centro universitario mencionado.

Fue así como las tensiones llegaron a su punto máximo de ebullición a finales de junio, cuando el director Cabrera aplicó dos nuevas resoluciones para con el alumnado: la evaluación de contenidos por medio de exámenes escritos de carácter bimestral y la obligatoriedad de que los estudiantes de último año de carrera efectuasen jornadas de trabajo gratuitas en órganos judiciales como requisito previo a graduarse. Decisiones ambas cuales fueron rotundamente repudiadas por los alumnos el día 26 de ese mismo mes, quienes, además, comenzaron a propalar la amenaza de convocar a una huelga general, a lo cual se unió la exigencia, desde el 2 de julio, para que Cabrera renunciase a su puesto. 

Ante dicho panorama, la decisión del ministro Pino y el director Cabrera fue contundente, pues emitieron un enérgico rechazo contra las petitorias estudiantiles y, sobre todo, clausuraron de modo temporal las actividades de la Escuela de Jurisprudencia. Hecho que, a su vez, tuvo una tajante respuesta de los estudiantes, ya que, se retiraron de forma casi unánime de las aulas y cancelaron voluntariamente sus matrículas. Además, en un giro inesperado para las autoridades gubernamentales, puesto que no se habían pronunciado todavía sobre el conflicto, casi todo el profesorado de la escuela en cuestión también apoyó las exigencias estudiantiles e, incluso, coadyubó con una decisiva petitoria que se les cursó, pues comenzaron a impartir sus cursos forenses en distintos sitios ajenos a las instalaciones universitarias con el fin de no afectar el desarrollo académico de los alumnos en huelga. Hecho que marcaría de modo decisivo el rumbo de los ulteriores acontecimientos. 

Lo anterior por cuanto, desde el 5 de julio, empezó a surgir entre los educandos la idea de separarse de la citada Escuela de Jurisprudencia y crear un nuevo recinto para la enseñanza de la carrera jurídica cuyos derroteros no estuviesen al arbitrio de la Universidad Nacional de México, ni de ninguna autoridad pública. Todo lo cual se concatenó entonces para que, el 24 de julio de 1912, aconteciese el nacimiento de la pionera Escuela Libre de Derecho. Entidad cuyo primer Rector honorario fue el abogado, catedrático y director de la Academia de Legislación y Jurisprudencia, Luis N. Méndez (en razón de su contundente actuación a favor de la huelga referida), mientras que su primer Rector formal fue el jurista, docente y diplomático Agustín Rodríguez Aldunate, quien se mantuvo en dicho cargo hasta 1920. 

Asimismo, gran cantidad de estudiantes se avocaron a la búsqueda de patrocinio económico y respaldo profesional para el proyecto, logrando así la acumulación de una fuerte suma dineraria entre varios sectores de la sociedad mexicana (sobre todo en lo referente a varios afamados juristas y al Nacional Colegio de Abogados), lo que les permitió el alquiler de un edificio en la antigua calle de Donceles para su primera sede, así como la posibilidad de pagar los emolumentos de muchos docentes de renombre quienes aceptaron participar en el novel emprendimiento educacional.

Evento entonces que reconfiguró la pugna precitada, pues la apertura de la Escuela Libre de Derecho repercutió con hondo impacto en la Escuela de Jurisprudencia, ya que, a finales de julio de 1912 y tras varias negociaciones, dicha entidad pública reabrió, pero, para desconcierto de su director Cabrera, solo veinte alumnos, de más de doscientos anteriores, regresó a sus aulas, pues casi los ciento ochenta restantes se inscribieron en la nueva entidad educativa. Situación que incluso no varió mucho tras la renuncia del propio Cabrera a inicios de 1913. 

Así, la Escuela Libre de Derecho se erigió en el primer recinto universitario privado de la historia mexicana, siendo en 1929 cuando el gobernante de ese país, el Lic. Emilio Portes Gil (integrante del primer grupo de alumnos de dicha entidad y graduado en 1915) firmó el decreto presidencial que le otorgó validez y legitimidad a las materias, títulos y grados conferidos por sus autoridades académicas, lo cual permanece inalterable hasta el presente.

a. Periplos en México y el exterior

Victoriano Salado Álvarez nació en el poblado de Teocaltiche (Estado de Jalisco) el 30 de septiembre de 1867, pasando su infancia en su pueblo natal hasta que, a los diez años, se trasladó a la ciudad de Guadalajara en donde terminó de cursar la educación primaria y aprobó la secundaria en el Liceo de Varones. Desde 1888 comenzó a laborar como periodista en matutinos como el Diario de Jalisco y el Correo de Jalisco, inscribiéndose luego en la Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara donde obtuvo el título de Abogado (1890), lo que le permitió trabajar entonces en puestos judiciales como los de fiscal, defensor y juez en la sede judicial de esa misma localidad. 

Para 1900 y en compañía de su esposa e hijos, se trasladó a Ciudad de México, donde fungió como redactor en varios periódicos (El Imparcial y El mundo ilustrado) e ingresó a impartir lecciones de literatura castellana en la Escuela Nacional Preparatoria, hasta resultar luego electo para ocupar la silla X de la prestigiosa Academia Mexicana de la Lengua (1901), así como diputado y senador (1902-1906), dirigiéndose luego al norteño Estado de Chihuahua donde trabajó como secretario de gobierno en la sede de su gubernatura.

Con posterioridad y tras volver a la capital mexicana, ingresó al servicio diplomático del Porfiriato (1907), viajando entonces en 1908 a los Estados Unidos donde se desempeñó como secretario de la legación de México y, con posterioridad, como Encargado de Negocios (1909). Mismo año en que regresó a su país y asumió el puesto de subsecretario de Relaciones Exteriores, cuya máxima autoridad, con distintos intervalos desde 1885, era ejercida por el canciller Ignacio Mariscal Fagoaga, siendo en 1910 cuando viajó a Argentina como presidente de la delegación mexicana durante la IV Conferencia Panamericana. 

De seguido y tras los ya descritos episodios que, de modo respectivo, conllevaron a la Revolución Mexicana, la renuncia del Gral. Porfirio Díaz y el advenimiento del Lic. Francisco León de la Barra al mandato interino de México, Salado Álvarez ejerció como nuevo Canciller entre el 25 de mayo y el 26 de junio de 1911, laborando posteriormente como Ministro Plenipotenciario de su nación en Guatemala, El Salvador y Brasil (1911-1914). Es decir, durante los años de gobierno del ya citado presidente Francisco I. Madero G. y la posterior dictadura del militar José Victoriano Huerta Márquez, quien asumió el mandato de México tras un golpe de Estado que perpetró contra Madero (19 de febrero 1913), quien, por su parte, fue asesinado por orden directa de Huerta junto al ya también referido vicepresidente José M. Pino, tras acribillárseles en horas de la noche del 22 de febrero de ese mismo año. Razones entonces por las que Salado vivió en Bélgica y España entre 1914 y 1916. 

b. Costa Rica y consolidación

Tras el autoexilio al que se vio forzado en Europa por los eventos de la Revolución Mexicana, Victoriano Salado decidió regresar al continente americano, pero no a su patria, pues en septiembre de 1916 viajó a Costa Rica, la cual se encontraba gobernada por el presidente Alfredo González Flores.

No obstante, y casi de inmediato a su llegada a San José, Salado se vio envuelto en una polémica con el diplomático mexicano Jorge Useta (entonces Encargado de Negocios de la Legación de México en suelo costarricense), debido a un artículo que el primero publicó con el título de Porfirio Díaz y en cuyo texto alababa la figura de dicho ex mandatario mexicano. Así, Useta, quien había sido nombrado por el entonces gobernante de ese país y militar revolucionario, Gral. Venustiano Carranza Garza, refutó a Salado con vehemencia a través de un folleto al que denominó Porfirio Díaz: algunas palabras en pro y algunas en contra del Dictador mexicano, desatándose entonces entre ambos un fuerte intercambio de artículos periodísticos a favor de sus divergentes tesituras. 

A continuación, fue a inicios de 1917, cuando Salado salió de Costa Rica y se trasladó a El Salvador, donde, como ya se mencionó, había fungido como diplomático de su nación. Mas, en ese mismo año volvió a territorio costarricense, cuyo nuevo presidente era el Gral. Federico Tinoco Granados, ingresando luego a laborar como docente en el Colegio San Luis Gonzaga de Cartago, hasta que, a finales de 1917, tomó la decisión de irse de nuevo de nuestro país. 

A partir de ese momento, Salado vivió con intermitencia entre EE.UU. (1918-1921, 1923-1927 y 1927-1929) y México (1921-1923 y 1927), siendo en estas dos últimas épocas durante las cuales se vio obligado de nuevo al ostracismo por su oposición al entonces presidente mexicano Gral. Álvaro Obregón Salido y su sucesor, el Gral. Plutarco Elías Calles. Mismo tiempo en que se incorporó de pleno a la antes citada Academia Mexicana de la Lengua (1923), pues, aunque como ya se ha dicho, fue electo para ingresar a dicha entidad en 1901, lo cierto es que no había cumplido con el requisito de presentar una disertación ante sus colegas académicos, lo cual hizo entonces en septiembre de 1923 cuando discurrió con la ponencia Mexicanismos supervivientes en el inglés de Norteamérica, a lo cual se agregó su desempeño como secretario de dicho órgano a partir de 1925.   

c. Prestigio sempiterno 

En 1929 y cuando México se encontraba gobernado por el ya referido jurista Emilio Portes G., Victoriano Salado regresó de forma definitiva a su nación y se domicilió en la capital. Coyuntura a partir de la que, en concomitancia al antes mencionado decreto de ese mismo año sobre el reconocimiento jurídico de su organización y ejes programáticos, ingresó a laborar como parte de la primera generación de profesores de la Escuela Libre de Derecho que impartieron lecciones bajo ese nuevo paradigma legal-educativo, asumiendo en concreto la cátedra de Derecho Internacional Público. 

Asimismo, en 1930 se le confirió la destacada condición de integrante de la Academia Mexicana de la Historia, asignándosele la silla 3, la cual ocupó hasta su muerte en Ciudad de México el 13 de octubre de 1931 a los 64 años. Momento desde el que, muchas de sus obras literarias se reeditaron o publicaron por vez primera, destacándose entre ellas: De mi cosecha (ensayo; 1898), De autos (cuento; 1901), De Santa Ana a la Reforma (novela, 1902), La intervención y el Imperio (novela; 1903), La conjura de Sarús Burr y las primeras tentativas de conquista de México por americanos del Oeste (ensayo; 1908), Breve noticia de algunos manuscritos de interés histórico para México (compilación; 1908), México peregrino (ensayo; 1924), Mexicanismos supervivientes en el inglés de Norteamérica (ensayo; 1924), Nuevas orientaciones de la poesía femenina (en coautoría; 1924), Lo que todos quieren (cuento; 1927), La vida azarosa y romántica de Carlos María de Bustamante (ensayo; 1933), La novela vívida del Primer Ministro de México en los Estados Unidos (novela; 1937), Episodios nacionales (compilación, 1945), Memorias (ensayo; 1946), Minucias del lenguaje (ensayo; 1957) y Rocalla de la Historia (ensayo; 1958).  

Así, al término de este estudio, resulta importante rescatar la figura de un distinguido jurista extranjero del pasado que tuvo una peculiar relación con Costa Rica en razón de su también muy particular vida. Pues, como ha quedado descrito, Victoriano Salado fue un individuo de múltiples y exitosas facetas que lo llevaron a varios sitios del mundo, tal fue el caso de nuestra patria, en la que, incluso, años más tarde también existiría una Escuela Libre de Derecho como en la que él laboró y cuya fundación, en 1977, se basaría en los mismos valiosos principios de autonomía funcional y excelencia académica que, sesenta y cinco años antes, dieron origen a su símil mexicana. 

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Septién, J. (2010). Almanaque de la Historia de México. Ciudadela de Libros, Madrid.

Serrano Álvarez, P. (2010). Cronología de la Revolución (1906-1917). Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revoluciones en México. México D.F.

Soberanes Fernández, J. L. (1984). Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano (1983). UNAM, México D.F.

Taracena Quevedo, A. (2008). La verdadera Revolución Mexicana (1912-1914). Editorial Porrúa, México D.F.

Teixidor, F. (1931). Ex libris y bibliotecas de México. Secretaría Relaciones Exteriores, México D.F.

Torres Parés, J. y Villegas Moreno, G. (2010). Diccionario de la Revolución Mexicana. UNAM, México D. F.

Vázquez Gómez, J. (2007). Diccionario de gobernantes y héroes nacionales de México (1325-2006). Grupo Editorial Patria, México D.F.

Villalpando César, J. M. y Rosas Robles, A. (2003). Historia de México a través de sus gobernantes. Editorial Planeta Mexicana, México D.F.

Villalpando César, J. M. y Rosas Robles, A. (2008). Muertes históricas. Editorial Planeta Mexicana, México D.F.

Villaseñor y Villaseñor, R. (2000). Las calles históricas de Guadalajara. Gobierno de Jalisco, Jalisco.

Vital Díaz, A. (2002). Un porfirista de siempre: Victoriano Salado Á. 1867-1931. UNAM, México D.F.

Weinberg, L. (2003). Ensayo, simbolismo y campo cultural. UNAM, México D.F.

PODCAST

Impacto de las regulaciones globales en los ordenamientos jurídicos domésticos (OCDE, OMS, FMI) 

El reto multidisciplinario de los problemas relacionados con las TIC 

Personas reales en mundos virtuales: Derechos humanos en el Metaverso 

Mesa Redonda: Derecho al olvido VS Libertad de expresión 

A un año de la invasión de Rusia a Ucrania 

REACREDITACIÓN DEL BACHILLERATO Y LICENCIATURA EN DERECHO.

El 15 de septiembre del 2022 recibimos el ACUERDO-CNA-294-2022, donde el Consejo Nacional de Acreditación del SINAES nos comunica que:

“Artículo 11. Análisis y Decisión de Acreditación sobre el Proceso 102.

Con base en el análisis del Informe de Autoevaluación, el Informe de la Evaluación Externa, y la revisión del Compromiso de Mejoramiento (CM) preliminar durante la evaluación externa. 

CONSIDERANDO QUE:

1. La misión del SINAES es acreditar con carácter oficial las instituciones, carreras y programas de educación superior, con el fin de garantizar su calidad a la sociedad costarricense.
2. Según el procedimiento establecido por el SINAES para la decisión de acreditación, la carrera satisface los requerimientos de calidad del Manual de Acreditación del SINAES.

SE ACUERDA:

1. Acreditar la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Derecho, Universidad Escuela Libre de Derecho, Sede Central, por un período de 4 años a partir de la fecha en que se toma este acuerdo. El período de acreditación vence el 2 de setiembre de 2026.
2. Manifestar a la Universidad la complacencia por este resultado, fruto de su compromiso con la calidad y del esfuerzo por mejorarla. El SINAES considera importante para la formación de profesionales en el área del Derecho contar con instituciones de enseñanza que muestren capacidad para el mejoramiento continuo…”

Agradecemos a toda la comunidad universitaria (estudiantes, graduados, docentes, administrativos y autoridades) porque este reto no hubiese llegado a buen término sin ustedes. 

La ceremonia oficial de acreditación se celebró en nuestra Aula de Simulación de Juicios el día 5 de octubre del 2022.

¡Con orgullo decimos somos La Libre y la diferencia la marcamos todos, seguimos comprometidos con nuestra calidad y una vez más lo demostramos!